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Arran: multa de 1.200 euros por la protesta antituristas en el Moll Vell de Palma

"Una serie de personas irresponsables no pueden dañar nuestra imagen e incomodar a los turistas que nos visitan", dice la delegada del Gobierno.

10/08/2017 21:57 CEST | Actualizado 11/08/2017 10:11 CEST
TWITTER / ARRAN
Captura de las imágenes del acto de Arran en el puerto de Palma.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha anunciado hoy que ha propuesto sancionar con una multa de 1.200 euros al cabecilla del ataque realizado por el grupo independentista Arran contra un restaurante del Moll Vell de Palma, el pasado 22 de julio.

Esta acción contra el turismo fue difundida por Arran día después de que se cometiera por medio de las redes sociales.

Arran Palma ha respondido a través de su cuenta en Twitter: "No cederemos ni un milímetro ante la represión. Seguiremos señalando los culpables de la saturación turística".

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La Delegación del Gobierno ha explicado en una nota, que la Policía Nacional denunció a una persona que responde a las iniciales A.M.M. como responsable de esa concentración de protesta no autorizada en la que participaron cerca de 40 jóvenes "portando pancartas reivindicativas en contra del turismo, botes de humo de color rojo y al menos dos bengalas".

Según la citada nota, A.M.M. se atribuyó la responsabilidad de esta acción ante los agentes de la Policía Portuaria que acudieron al restaurante y que, posteriormente, contactaron con la Jefatura Superior de Policía para dar aviso de lo sucedido.

"Se le considera organizador o promotor de la misma, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.3) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana", ha señalado la Delegación del Gobierno. Precisa la nota de la Delegación del Gobierno que al ataque se le aplican una infracción administrativa grave por el uso de artículos pirotécnicos sin autorización que conlleva una sanción de 900 euros.

También propone una segunda infracción leve por celebrar una manifestación en lugar público sin permiso, y por esta propone una sanción de 300 euros al cabecilla.

La Delegación del Gobierno ha apuntado que una vez notificado el presente acuerdo, el responsable de los hechos dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa del 50%, o formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas.

"Una serie de personas irresponsables no pueden dañar nuestra imagen e incomodar a los turistas que nos visitan. Una cosa es la libertad de expresión, pero la libertad de uno acaba cuando empieza la libertad del otro. Desde el Gobierno de España y esta Delegación seremos contundentes contra las personas que incomodan a nuestros turistas, montan estos shows y atentan contra nuestra principal actividad económica, tanto en Baleares como en el resto de España", ha apuntado la delegada del Gobierno en Baleares, María Salom.

"PROTESTAS PACÍFICAS"

El vicepresidente del Govern Balear y conseller de Turismo, Biel Barceló, ha mostrado hoy su "rechazo absoluto" a las acciones de Arran. Ha pedido que las protestas sean "pacíficas y discretas". Lo ha dicho en una entrevista en Antena 3, donde ha señalado que el sector turístico es "fundamental" para las islas, ya que representa el 45% del PIB balear.

"Estamos en contra totalmente. Creo que están errando en el punto de mira", ha asegurado el vicepresidente, quien ha explicado que desde el ejecutivo se ha pedido colaboración de las autoridades para que investiguen los hechos.

Asimismo, Barceló ha recordado que el límite de plazas turísticas en ningún caso supone una limitación de personas y ha dicho que con este nuevo modelo para dar de alta una nueva plaza se tendrá que dar otra de baja.

A LA ABOGACÍA DEL ESTADO

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha instado a la Abogacía General del Estado a adoptar las medidas necesarias para denunciar los ataquescontra intereses turísticos en Cataluña y Baleares, y a personarse en las diligencias ya abiertas, ha informado hoy ese departamento ministerial.

El Gobierno ha tomado esta decisión tras los incidentes de los últimos días, en los que se han producido destrozos y actos violentos contra autobuses turísticos, bicicletas de alquiler y otros intereses turísticos.

Según el ministerio, la resolución se enmarca en "el firme propósito de actuar con contundencia y perseguir este tipo de actos vandálicos hasta sus últimas consecuencias".

El ministerio ha destacado, en un comunicado, que el turismo es un sector fundamental para la economía española, ya que representa más del 11 % del producto interior bruto (PIB).

Según ese departamento, "uno de los factores diferenciales" de España es "precisamente poder garantizar una alta seguridad a los visitantes".

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