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Empresas sin escrúpulos

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Todos seguimos teniendo muy presentes las imágenes de las víctimas rescatadas del edificio que se desplomó en Dacca, en Bangladesh, y que sacó a la luz la dramática situación en la que siguen trabajando miles de trabajadores, entre ellos niños y niñas, en empresas textiles y de moda que son subcontratadas por multinacionales cuyos nombres nos son tan familiares. Esta semana, en el Congreso de los Diputados, aprobamos por unanimidad, un hecho casi inusual en esta Legislatura, una iniciativa presentada por el Grupo Socialista para encajar en la legislación española las conclusiones sobre la responsabilidad social empresarial que figuran en el Informe del representante especial del secretario general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Empresas, John Ruggie.

La tragedia ocurrida en Bangladesh ha puesto en entredicho, una vez más, el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos del trabajo por parte de empresas de nuestro país y de otras naciones de la Unión Europea y de otros Estados civilizados. La precariedad persiste en muchos países castigados por el hambre. Precariedad que afecta especialmente a las capas más pobres y a las familias más desesperadas.

Las empresas afectadas, cuyos nombres han sido publicados, se han apresurado a firmar un acuerdo para asumir por enésima vez la responsabilidad social que les corresponde y que nunca han cumplido como era su obligación. Un acuerdo que ponemos en cuarentena hasta que no se plasme en hechos que se puedan palpar y no se sigan escabullendo en sótanos de edificios que terminan derrumbándose y dejando en evidencia sus generosas intenciones.

Empantanados en la crisis económica más profunda de nuestra democracia, el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas y el seguimiento de los parámetros que, entre otros, establecimos en su momento como inquebrantables, han pasado a ocupar un segundo plano en la agenda gubernamental y de las propias empresas, incluidas aquellas que operan más allá de nuestras fronteras.

Durante la primera década de este siglo, como nos recuerda Manuel Escudero en un reciente artículo, "el desarrollo de la Responsabilidad Social de las Empresas fue imparable. Surgieron iniciativas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, y proliferaron las iniciativas regionales. Las entidades privadas comenzaron a mostrar sensibilidad al comportamiento responsable y casi todas las grandes empresas crearon departamentos dedicados a incrustarla en su estrategia corporativa".

Sin embargo, "la batalla contra los desmanes sociales, que ha perdido fuelle desde el inicio de la crisis, no ha logrado grandes avances en nuestro país. El escaso peso que tiene la Responsabilidad Social de las Empresas en la agenda de los consejos de administración, tanto en España como en otros países, es buena prueba de ello", apunta Escudero.

Es cierto que otras preocupaciones más inmediatas y urgentes, como la ausencia de alimentos, agua o energía, se encuentran entre las prioridades de la comunidad internacional. Sin embargo, existen otros problemas enquistados en los países más pobres como el que esta semana debatimos en la Cámara y cuyas soluciones, o parte de ellas, se encuentran en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, John Ruggie.

España no puede renunciar a incluir en su normativa y en sus planes específicos las directrices que plantea Ruggie en sus principios rectores. Los ciudadanos y la sociedad en general esperan, e incluso exigen, que las empresas desempeñen un papel destacado en el desarrollo y aumento de la calidad de vida de sus trabajadores. Desoír estas reclamaciones sería un acto de irresponsabilidad y sólo serviría para multiplicar las denuncias críticas. Denuncias que hoy son más necesarias que nunca para que las Administraciones, ahogadas por la crisis, no aparquen el cumplimiento de sus obligaciones.

Pero la responsabilidad social corporativa no sólo debe cumplirse escrupulosamente en los países más pobres y desamparados sino en todas las empresas, incluidas las de nuestro país, que debido a la crisis y a una legislación cada vez más flexible miran por sus resultados y dejan de lado los derechos de los trabajadores.