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Sombra aquí y sombra allá: un lastre para la defensa hasta 2025

08/09/2015 07:08 CEST | Actualizado 07/09/2016 11:12 CEST
EFE

Es probable que si se le pregunta a cualquier ciudadano de este país por los Programas Especiales de Armamento (PEAs) o por la deuda del Ministerio de Defensa no sepa de qué se está hablando ni las cantidades astronómicas que se manejan con sus impuestos. Este desconocimiento, por otro lado, tampoco debiera sorprendernos, ya que el Gobierno del Partido Popular está esforzándose cada año en ocultar a la ciudadanía uno de los episodios más irresponsables y sangrantes del erario español a golpe de decretazo veraniego. Los cauces a través de los cuales se está gestionando el asunto de espaldas a la ciudadanía y con argucias contables son tan reprochables como la propia decisión que, a día de hoy, más que modernizar nuestras fuerzas armadas, las lastra.

Ejemplos de pésima gestión pública en este país, por desgracia, hemos tenido una larga lista en los últimos años con los diferentes Gobiernos del Partido Popular y el PSOE. El Campus de la Justicia en Madrid, la Ciudad de la Luz de Alicante o el aeropuerto de Castellón, son algunos de los ejemplos más conocidos que nos vienen rápidamente a la cabeza. Sin embargo, la deuda del Ministerio de Defensa es un caso paradigmático que conviene poner sobre la mesa porque revela las formas y las prioridades que han tenido estos dos partidos, el Partido Popular como el principal responsable, y el Partido Socialista, como cómplice.

El equipamiento adquirido por el Ministerio está orientado a dar respuesta a un tipo de amenaza que no responde del todo a las necesidades que nuestra seguridad y defensa requieren actualmente.

Hay que remontarse al Gobierno de José María Aznar, en la segunda mitad de los noventa, ya que en ese momento se aprobaron los PEAs, equivalentes en un primer momento a 27.000 millones para adquirir armamento que modernizara las Fuerzas Armadas. Se ha señalado por expertos que el número de contratistas de la industria armamentísitca era sorprendentemente reducido para el conjunto de diecinueve equipamientos que se adquirieron por aquel entonces, y entre los cuales figuran aviones Eurofighter y A400, fragatas (F-100 y F-105), misiles (Taurus, Spike) helicópteros, obuses, o buques. La magnitud de la compra, ya en ese momento muy por encima de lo que el presupuesto del Ministerio de Defensa podía asumir, obligó al Ministerio de Industria a adelantar dinero por medio de un crédito que más tarde debía empezar a devolverse progresivamente por parte de Defensa. Como tampoco nos sorprenderá, la factura, lejos de reducirse, se incrementó por sobrecostes, y a día de hoy, se estima por muchos expertos en unos 37.000 millones de euros. Es decir, quince veces el gasto educativo del próximo año o treinta veces más que el destinado a dependencia.

Si los pronósticos y tendencias que se barajaban en ese momento ya tomaban un escenario con el cual el Ministerio de Defensa no era solvente para hacerse cargo de la factura, la coincidencia de la crisis económica con el momento de empezar a asumir los pagos más onerosos, agravó y complicó todavía más las cuentas para este ministerio. A esta coincidencia se ha sumado por si fuera poco la política de austeridad y recortes impuesta desde la UE y que nuestro presidente ha asumido como alumno ejemplar, una política que echa más leña al fuego y obstaculiza aún más el pago de las compras. ¿Qué solución ha asumido el Gobierno de Rajoy frente a este recado que dejó Aznar y no anticipó Zapatero? Por un lado, cargarlas sobre otras partidas presupuestarias que desvirtúan el actual presupuesto de Defensa, muy por encima de lo que se presupuesta; y por otro lado, hacer un uso irregular del Fondo de Contingencia previsto para situaciones de urgencia a golpe de decreto ley en pleno verano. Como el propio nombre indica, este fondo debe utilizarse en situaciones sobrevenidas, no como ha sido habitual año tras año en la última legislatura.

Entre tanto, y por si fuera poco, el equipamiento adquirido está orientado a dar respuesta a un tipo de amenaza que no responde del todo a las necesidades que nuestra seguridad y defensa requieren actualmente, y su elevado mantenimiento supone un lastre más a la hora de adquirir la tecnología necesaria que sí responde a las amenazas actuales, como el terrorismo, la ciberdelincuencia o el crimen organizado transnacional. Asimismo, al haber priorizado a los contratistas a la hora de hacer los recortes, y siendo la partida destinada a mantenimiento la que ha registrado el mayor ajuste, hay expertos y altos cargos que consideran que nuestras fuerzas armadas corren el riesgo de quedar inoperativas antes que obsoletas. O lo que es lo mismo, que el equipamiento adquirido a unos costes por encima de nuestras posibilidades puede influir en la capacidad de nuestras fuerzas armadas para desplegarse con efectividad.

Frente a la irresponsabilidad de los distintos Gobiernos que han puesto en jaque la modernización y la propia sostenibilidad de la seguridad y la defensa del país hasta 2025, hace falta una alternativa política que asuma el problema.

Al evaluar los motivos del Gobierno para tratar de ensombrecer este esperpento e incurrir en 856 millones de deuda pública -deuda que es anatema para cualquier otra partida presupuestaria-, es difícil abstraerse de dos hechos. El primero, los indicios de financiación irregular del PP apreciados por el juez Velasco en la trama Púnica, donde aparecen repetidamente empresas vinculadas al sector armamentístico. El segundo, el hecho de que el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, fuera un empresario y lobista de dicho sector hasta diez minutos antes de ser nombrado ministro. La impronta del Partido Popular, priorizar el gasto en función de intereses particulares y no del interés general, está también presente en los más de 3.500 millones de euros destinados a gasto militar en el mes de agosto de los tres últimos años.

Frente a la irresponsabilidad de los distintos Gobiernos que han puesto en jaque la modernización y la propia sostenibilidad de la seguridad y la defensa del país hasta 2025, hace falta una alternativa política que asuma el problema y ponga los medios oportunos para solucionarlo. Empezando por aclarar a la ciudadanía cuánto se destina verdaderamente a cuestiones de Defensa -incluyendo, entre otros aspectos, la investigación militar o el coste de las misiones en el exterior-, revisando los PEAs con los contratistas -tal y como han hecho otros países de nuestro entorno con programas similares-, y que se prioricen las condiciones y la seguridad de las fuerzas armadas para que puedan cumplir el rol que les compete en un mundo en transformación con amenazas híbridas en las que la cooperación y la coordinación con nuestros socios europeos es un elemento clave.

Este país necesita un Gobierno con coraje suficiente para explicar a la ciudadanía sus prioridades presupuestarias. La regeneración de la política exige transparencia y honestidad, lejos de argucias contables para enmascarar en qué se gasta el dinero público. La seguridad y el bienestar de todos están en juego.

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