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El estado de emergencia no es la respuesta a una amenaza prolongada

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ESTADO EMERGENCIA
IAN LANGSDON/AFP
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Frente a la barbarie, ¿las democracias no tienen más elección que una búsqueda de seguridad que sacrifique los propios cimientos de nuestra sociedad de derecho y libertad? Si negamos nuestras aspiraciones más profundas, ¿no estamos siguiendo el juego de quienes mueven los hilos del terrorismo?

Mientras que los mejores especialistas del antiterrorismo, así como la comisión de investigación parlamentaria, coinciden en reconocer que el estado de emergencia no es una herramienta eficaz de lucha contra el terrorismo y reclaman más medios técnicos, humanos y financieros para la información y la justicia, el Gobierno ha elegido una vez más prolongarlo para responder al terror generado por la tragedia de Niza.

Se trata de un giro hacia un régimen de estado de crisis permanente caracterizado por una restricción duradera del ejercicio de los derechos y las libertades, una renuncia democrática que se inscribe en una competición liberticida ya observada en Estados Unidos con el Patriot Act y su séquito de internamientos administrativos y de vigilancia electrónica del planeta. Y a eso habría que añadir las complacencias culpables con regímenes conocidos por sus repetidas violaciones de los Derechos Humanos, alegando que pueden ayudarnos en esta lucha contra el terrorismo.

Si bien el largo combate en el que nos hemos metido contra el radicalismo y el terrorismo, que supone una vigilancia constante, modificará a largo plazo nuestra forma de ser, no debe sin embargo llevar a convertirnos en lo que los enemigos de la libertad quieren que seamos: un pueblo replegado sobre sí mismo, cerrado a los demás, atrincherado tras los muros ilusorios de leyes cada vez más liberticidas, cada mes, cada año.

Oponer una resistencia feroz a quienes injurian nuestro modelo es la mejor de las respuestas a todos aquellos que quieren su desaparición.

Además, esta política de seguridad ha fracasado. No ha evitado los atentados, que desde 2001 no habían sido tan numerosos. No ha extinguido el vivero de yihadistas.

En Francia, el estado de emergencia que moviliza a 10.000 hombres desde hace más de ocho meses se ha traducido desde noviembre de 2015 en 3694 registros, de los cuales sólo el 7% han dado lugar a procesos judiciales por infracciones contra la legislación sobre armas, sobre estupefacientes u otros motivos, 477 arrestos domiciliarios, 67 penas, 56 detenciones y sólo seis procesos gestionados por la Fiscalía antiterrorista de París (frente a los 96 procesos exclusivamente judiciales), según las cifras del Ministerio del Interior. Un balance bastante flojo, frente a una amenaza cada vez más intensa. Una sobrepuja que abre la puerta a todas las derivas y las amalgamas portadoras de fracturas en el seno de la sociedad francesa. Una situación denunciada desde hace varios meses gracias a la vigilancia de los abogados, guardianes de nuestras libertades.

Nuestras políticas se ven por desgracia limitadas a un proceso insidioso, en el que la autoridad administrativa da el paso judicial, que mete en el derecho común lo que hasta ahora era la excepción. Ahora bien, ¿qué nos dice la historia? Dos cosas: que todas las leyes de excepción al final se alejan de sus objetivos primitivos y que los regímenes que niegan la aspiración legítima de los pueblos con respecto a las libertades individuales siempre acaban desapareciendo.

Frente a una decisión crucial de la sociedad, nuestros dirigentes y los que aspiran a serlo deberían acordarse de las palabras pronunciadas por el primer ministro noruego el día después de los atentados de Oslo y de la isla de Utoya en julio de 2011: "La respuesta a la violencia es más democracia, más humanidad".

Si oponemos una resistencia feroz a los que injurian nuestro modelo, aportaremos la mejor de las respuestas a todos aquellos que quieren su desaparición. Porque lo que quieren los nuevos líderes del terrorismo es el fin de lo que constituye la propia fuerza de nuestra sociedad de libertad; es decir, su capacidad para considerar al individuo dentro de su singularidad y para garantizarle su libre expresión.

Abandonar barrios enteros a la desesperanza social ha hecho que toda una generación crezca en un sentimiento de marginación y de frustración.

Quieren provocar fracturas entre los diferentes componentes de nuestra sociedad y llevarla así a su implosión.

Es lo que olvidan demasiado rápido todos los que apelan ya al refuerzo de un arsenal jurídico demasiado complaciente, como si no tuviéramos otra elección que el salto hacia una espiral infernal cada vez más centrada en la seguridad, ahí donde convendría ante todo reforzar nuestra capacidad de documentación, de infiltración y de análisis para atacar las raíces del mal. Es ahí donde habría que proporcionar los medios a la justicia para hacer correctamente su trabajo y aplicar las leyes votadas por los parlamentarios (el presupuesto de la Justicia sólo representa el 2% del presupuesto del Estado).

Abandonar barrios enteros a la desesperanza social ha hecho que toda una generación crezca en un sentimiento de marginación y de frustración. Un terreno fértil para la propaganda islamista, que sólo las políticas sociales y económicas adaptadas, voluntaristas y continuadas podrán detener, al contrario que las medidas tomadas a bote pronto, cuando afloran las emociones.

Si negamos lo que constituye la naturaleza profunda de nuestra sociedad de derecho, a la que pretenden atacar los terroristas, el estado de emergencia seguirá siendo una mala respuesta a una amenaza duradera. Desde la Dinastía de los Capetos, nuestra nación está cimentada sobre nociones de derecho y de justicia. Olvidar esta verdad primaria es renunciar a la identidad misma de Francia y hacer que triunfe la barbarie.

Este post fue publicado originalmente en la edición francesa de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano