Vivimos una época de gran incertidumbre mundial en el sector energético. Debemos por tanto reabrir el debate sobre las posibilidades del carbón nacional como una fuente garantizada de energía autóctona para el futuro. Tras las dudas razonables y objetivas relacionadas con la seguridad en la generación de la energía nuclear y la incertidumbre que provoca la imprevisible evolución de los principales países suministradores de gas y petróleo, se hace imprescindible contar con una fuente energética propia y segura. Por eso se debe revisar la normativa europea que sitúa el fin de las ayudas públicas para el sector en 2018. En paralelo debemos avanzar en la mejora de los procedimientos para minimizar los efectos contaminantes y el impacto ambiental que se produce por la extracción y uso del mineral.

La Directiva 2009/72/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, contempla que "por motivos de seguridad del suministro, los estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctona que no supere el 15% de la cantidad total de energía necesaria para la producción de electricidad".

El Gobierno de Rajoy ha elegido el camino contrario a todo esto y ni siquiera ejecuta las partidas presupuestarias del Plan General de la Minería 2006-2012. Lo que condena al cierre de las explotaciones mineras mucho antes de 2018. Los recortes planteados ponen en riesgo, a corto plazo, 30.000 puestos de trabajo y, lo que es más grave, suponen cantidades irrisorias al lado de los miles de millones de euros públicos que se destinan a salvar a la banca de sus propios desatinos. Tampoco conviene olvidar, por otra parte, que los sindicatos vienen denunciando que los costes necesarios para clausurar de forma segura los pozos mineros son más altos que los que exigen su mantenimiento. De consumarse el plan del PP, se convertiría a las comarcas mineras en un desierto económico que forzaría a muchos de sus habitantes a la emigración. Al mismo tiempo los fondos de reactivación previstos, llamados fondos mineros, también sufren recortes considerables criticados incluso por la mayoría de las organizaciones locales y cargos públicos del PP de las comarcas mineras. Por todo ello debemos exigir que se cumpla lo acordado pero también que se apruebe un Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2013/2018, negociado con grupos políticos y sindicatos.

No debemos olvidar que este ataque a la minería lo es al conjunto de Asturias pero, sobre todo, tiene como objetivo destruir una de las bases económicas de desarrollo productivo del estado. No hablamos sólo de un problema asturiano, de León o Teruel. Es un problema de concepción estratégica en donde el desmantelamiento del tejido industrial y productivo ha debilitado la economía española. Porque el debate no es contraponer otras energías alternativas frente al carbón. El Gobierno ha dado también un tajo enorme al futuro de esas energías más limpias que debemos impulsar. El debate real implica construir un modelo de desarrollo basado en la defensa de nuestras propias fuentes energéticas como el carbón con todas las condiciones y condicionantes para limitar sus afecciones medioambientales y, de forma complementaria, seguir apostando por energías alternativas que nos permitan abandonar y enterrar el futuro más negro que no es el del carbón sino el nuclear.

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