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La violencia como fin político (también de la oposición) en Venezuela

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Miles de chavistas se han manifestado esta semana en Caracas en apoyo al presupuesto de 2017. EFE.

En Venezuela, la violencia política ha ganado enteros desde la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha ido sufriendo ingentes pérdidas de popularidad, sobre todo, por la creciente agitación social, la profunda recesión económica, la crisis energética y de abastecimiento y una mayor capacidad de confrontación por parte de la oposición.

Lo cierto es que el sistema político centrífugo venezolano se articula en torno a una lógica amigo/enemigo que da lugar a importantes niveles de polaridad social. Una popularidad que se desarrolla sobre diferentes ejes, tanto izquierda-derecha como arriba-abajo. Desde el oficialismo, se acusa a la oposición de ser un conglomerado de élites, próximas a Estados Unidos y a los grandes capitales, que buscan patrimonializar los recursos del país a costa de excluir a las clases populares. Desde la oposición, el Gobierno, tras el cariz progresista del socialismo del siglo XXI, en el fondo no es más que una suerte de dictadura, de apariencia socialista, cuya legitimidad pasa por prometer y conceder, en la medida de lo posible, políticas asistencialistas de trasfondo populista. Dicho de otro modo, la violencia política gravita en torno a la negación mutua de la alteridad partidista.

Lo cierto es que la difícil tesitura política y económica que atraviesa Venezuela ha hecho que Maduro se sirva del Estado para fines propios. Un peligroso recurso que se ha fortalecido como consecuencia del cuestionamiento interno de parte del PSUV y el cuestionamiento externo de parte de diferentes sectores de la población civil, que van desde medios de comunicación hasta colectivos de estudiantes. El recurso es el de optar por una mayor radicalización y victimismo frente a la oposición "desestabilizadora", a nivel interno, y a nivel externo, frente a lo que se denomina como imperialismo intervencionista, bien provenga de Estados Unidos, España o Colombia. En cualquier caso, el propósito de todo es redundar y favorecer la cohesión interna entre los sectores de población afines al chavismo.

Esta situación también es capitalizada por una oposición política que encuentra en la represión policial y la criminalización, elementos idóneos para la desestabilización política y para la configuración de marcos de referencia que, tanto ad intra como ad extra, proyectan la imagen de Venezuela como la de un Estado desdibujado por un gobierno represivo y, por ende, poco democrático. Elementos que, construidos, terminan siendo de un gran capital político, habida cuenta de que el oficialismo está más cerca que nunca de perder el poder, y la oposición, más cohesionada que en ocasiones anteriores, está más cerca que nunca de arrebatárselo.

La violencia parece haberse instaurado no tanto como un medio de transformación sino como un fin en sí mismo, lo que reduce las posibilidades de normalización de la vida política en Venezuela.

El principal cambio, en cuanto a la forma de actuar de parte de la oposición es que durante los años de presidencia de Hugo Chávez esta oposición siempre había actuado desde le lógica de la disputa política y el relevo democrático. Sin embargo, la muerte de Chávez y la victoria por apenas 200.000 votos hacen que se opte por la acción callejera como forma de confrontación. Una forma de disputa que emerge con mayor claridad en el caso del colectivo estudiantil, mucho más activo en la apropiación del espacio público, y que articula la figura de Leopoldo López. Ello, frente a una oposición tradicional, de cariz empresarial, que parece más afín a Henrique Capriles y a la clásica noción de relevo político tradicional.

Es decir, la estrategia de desacreditación, de cuestionamiento de la legitimidad, de agitación sobre todos los sectores sociales que consideran que el ciclo político se ha terminado, conduce a que Maduro opte por instrumentalizar el apoyo masivo de las clases populares próximas al chavismo. Especialmente, una vez que algunos movimientos como las asociaciones vecinales o el poder judicial, durante los años 2014 y 2015 han mostrado síntomas de que podrían ver con buenos ojos un cambio en el color del gobierno.

Lo cierto es que estos últimos tres años han sido los de mayor agitación y violencia política en el gobierno bolivariano. Su posición ha sido taxativa, al intervenir sobre los comercios para evitar que las materias primas no se vendan por encima de los precios fijados por el Estado. Algunos de los dueños de las mayores cadenas de abastecimiento fueron encarcelados, acusados de enriquecimiento ilícito. Asimismo, se prohibió la fuga de capitales y se devaluó, hasta en cuatro ocasiones, el bolívar. Si a ello se suma un discurso que culpa a la oposición de buscar la desestabilización política a costa de un golpe de Estado tras el que estarían otros interesados como España o Estados Unidos, se da el contexto idóneo para la agitación y la acción violenta. El resultado, ya consabido, fue el de las referidas protestas que se suceden desde 2014 con las que, la respuesta represiva de la policía y acontecimientos como el encarcelamiento de López, terminaron coadyuvando el propósito de la oposición estudiantil, el cual ganó enteros de protagonismo en la agenda pública y mediática, a la vez que fracturó la forma de actuar con respecto de los sectores tradicionales de la oposición.

Las protestas, especialmente focalizadas en grandes ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto o Maracaibo, dejaron consigo más de 40 víctimas mortales, más de 400 heridos y casi 2.000 detenidos. Sin embargo, el clima de agitación persiste y nada invita a pensar en un proceso de normalización democrática. Especialmente, porque se descartan formas de acción política necesarias como la negociación o la transformación de la arquitectura institucional del Estado. A la vez, porque la violencia parece haberse instaurado no tanto como un medio de transformación sino como un fin en sí mismo, lo que reduce sustancialmente las posibilidades de normalización de la vida política que, actualmente, debieran ser una prioridad tanto para Gobierno como para oposición en Venezuela.