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Y Colombia se volvió Guatemala

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Todas las miradas estaban puestas ayer en Colombia. Las miradas y las esperanzas sobre la posibilidad de refrendar un acuerdo con las FARC que pusiera fin a más de 52 años de conflicto armado. Las miradas para que Colombia protagonizase una de las grandes historias de paz dentro de un 2016 convulso en líneas generales y lastrado por dosis de violencia inconmensurables.

Hace unos meses ya alertaba, en este mismo medio, de mis miedos ante la convocatoria de un mecanismo de refrendo popular sobre los acuerdos con las FARC. De hecho, en ese artículo planteaba la dudosa constitucionalidad de una consulta de estas características. Esto, porque en la base fundacional del estado de Derecho existen unos mínimos indisponibles frente a cualquier atisbo de voluntad popular. Es decir, tal voluntad popular, como pilar nuclear de la democracia, no puede disponer de todo cuanto quiera.

Existe una base de derechos y libertades fundamentales que, sencillamente, no son objeto de discusión. La libertad, la justicia, la igualdad o la paz son bienes superiores, jurídicamente protegidos, respecto de los cuales al Estado le corresponde su promoción, garantía y protección, pero no su cuestionamiento. Esto, al menos, respecto de sus límites iusnaturales.

Trascendiendo aquellas palabras, ahora de lo que se trata es de explicar las similitudes, que son muchas, con el caso guatemalteco. Algo que en no pocas ocasiones pude discutir con un reconocido experto en el tema como es el profesor, pero sobre todo amigo, Fernando Harto de Vera. Y es que, en el año 1999, Guatemala dijo "no" en un referéndum muy parecido a éste, cuando se consultó a la población sobre si debía reformar la Constitución y, con ello, superar las condiciones estructurales que tanto habían soliviantado al país durante tres décadas.

En aquella ocasión, en Guatemala participó menos del 20%. En Colombia ayer lo hizo el 37%. Es decir, casi dos de cada tres personas con derecho a voto prefirieron no votar. La abstención debe entenderse en clave de desafección y de falta de respaldo al proceso de paz, y a ello se une que una mayoría de votos exigua está en contra del diálogo. Esto supone un mensaje claro, sí, pero lastrado por una fuerte cultura política parroquial y una democracia endeble que no ha podido movilizar el voto favorable que, en inicio, hubiera podido esperarse.

En Guatemala, la reforma buscaba promover la multiculturalidad y dirigir un elenco de reformas sociales que paliasen la profunda violencia estructural que sacudía al país. En Colombia, los acuerdos incorporan un fuerte componente descentralizador, de inclusión social, de integración regional y de ampliación política que, sin embargo, ha quedado igualmente rechazado.

El resultado es fruto de similares responsabilidades. En primer lugar, y como sucediera en Guatemala, el Gobierno ha arrastrado durante varios meses un profundo déficit de legitimidad, y a ello debe sumarse la reducción simplista, construida desde la oposición, de hacer ver que la paz de los colombianos era sinónimo de la paz de Santos; he ahí el primer error. Igualmente, las FARC se encuentran con un profundo rechazo de parte de la población civil pues, pese a lo medido de las apariciones públicas y lo significativo de los actos de perdón y arrepentimiento, el porcentaje de aprobación que reciben, según la mayoría de sondeos, es menor del 3%.

La falta de un liderazgo que desde la izquierda haya abanderado el proceso no es un elemento que fomente el "sí".

Sea como fuere, lo cierto es que ni uno ni otro han despertado la suficiente energía como para movilizar el voto esperado y, desde luego, la falta de un liderazgo que desde la izquierda haya abanderado el proceso tampoco es un elemento que fomente el "sí".

En el caso de Guatemala, los ocho puntos de la mesa de negociación invitaban a una reforma constitucional en más de 50 puntos, la cual no fue lo suficientemente bien explicada. En Colombia, los acuerdos de 297 páginas y la excesiva cercanía entre el acuerdo de las partes, la firma y el plebiscito, han derivado en una sucesión de acontecimientos algo atropellada que invita a pensar que, no solo acontece una cultura política bastante endeble, sino que ni el mensaje ni el canal han sido los apropiados.

A diferencia de Guatemala, donde los sectores claves de la sociedad y especialmente de las víctimas fueron relegados a un plano marginal, en el caso colombiano no ha sido así. Ni por este lado del tablero ni por el lado de la Fuerza Pública, cuya posición ha sido de respaldo casi desde el inicio del proceso.

Empero, la mayor de las influencias ha provenido de la oposición política, personificada fundamentalmente en el expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordóñez. Dos enemigos de la paz con la guerrilla -que no con los paramilitares- y que, con un relato de medias verdades, han conseguido reducir el horizonte de ratificación de los acuerdos en una suerte de conversión castrochavista de Colombia, desdibujada por la impunidad, el atropello y la falta de Estado de derecho. Algo, curiosamente, que caracterizó a la presidencia de Álvaro Uribe durante sus ocho años de Gobierno, y que explican la cesión reciente del procurador en su cargo.

De igual forma, si se observa la geografía, resulta doloroso ver cómo son los enclaves periféricos, especialmente la costa Atlántica y la costa Pacífica -que presentan los mayores niveles de pobreza y exclusión del país- los que han respaldado con mayor fuerza el apoyo a los acuerdos. Ello, frente a los sectores urbanos y el centro, que han concentrado la mayor parte de los votos negativos. Lo mismo que sucedió en Guatemala. Dicho de otro modo, la experiencia del conflicto tiene tal impronta de ruralidad que a la población urbana colombiana le resulta muy difícil entender la necesidad de transformar el Estado colombiano. Muy sencillo: para muchos de los votantes del "no" la clave está en que nunca existió conflicto alguno.

Es importante aprender la lección nefasta que nos dejó Guatemala. Un país con algunos de los niveles más elevados de violencia criminal y estructural de todo el continente. Un país que nunca dejó atrás las condiciones que alimentaron la violencia política durante tres décadas. Un Estado con una democracia desdibujada.

Por desgracia, la historia nos muestra que el ser humano tiende a repetir los errores del pasado y Colombia, como es obvio, no lo podía hacer peor.