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Y sorprendentemente, ganó el 'no'... La Paz debe de continuar

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Foto: EFE

Miguel Urbán estuvo presente en la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano y ha participado en la campaña del referéndum a favor del 'sí'

Una semana después de la firma histórica de la paz en Cartagena de Indias entre el Gobierno colombiano y las FARC el pasado lunes veintiséis de septiembre, ayer domingo dos de octubre, sorprendentemente el 'no' a la paz consiguió imponerse por algo más de sesenta mil votos en un ajustadísimo referéndum de ratificación de los acuerdos. Un resultado para el que no estaban preparados los firmantes del acuerdo y que deja un futuro incierto para Colombia, marcado por una creciente polarización política en el país. El 'no', capitaneado por la extrema derecha del expresidente Álvaro Uribe, condicionará en gran medida la política de los próximos años, tanto por la difícil aplicación de los acuerdos de paz como por el horizonte que abre de cara a la campaña de las próximas presidenciales del 2018.

El ajustadísimo resultado del referéndum de este domingo pasado ha sido un duro revés político para los partidarios del acuerdo, pero no tiene que significar que se pueda dar marcha atrás jurídicamente a lo firmado entre el Gobierno y las FARC. Aunque deja muy debilitada la posición del Gobierno y de sus apoyos parlamentarios para su tramitación en el Congreso. Desde las diferentes campañas del 'sí' se ha instando, nada mas saberse el resultado del 'no', a mantener la hoja de ruta tanto por parte del Gobierno como a la desmovilización y cumplimiento de lo acordado a las FARC. Uno de los principales argumentos en este sentido es que el propio presidente Santos fue elegido con el compromiso explícito de conseguir la paz con un amplio respaldo popular, lo que le confiere una legitimidad importante para continuar el proceso. El propio Uribe, con frases como "La paz es ilusionante, los textos de La Habana son decepcionantes", intentó socavar durante toda la campaña la legitimidad del Gobierno, defendiendo una paz en abstracto y cuestionando los acuerdos concretos que realmente podían ser garantes de la Paz. De hecho, resulta paradigmático que en las zonas más golpeadas por los estragos de la guerra gana claramente el 'sí en el referéndum. Es en el resto del país -fundamentalmente en las zonas urbanas, menos Bogotá- donde se asienta la victoria del 'no', mostrando una polarización del país en aumento.

El proceso de paz con las FARC ha supuesto una ruptura histórica en la derecha colombiana que ha tenido en el referéndum una constatación de su difícil recomposición. Esta ruptura no es solo el producto de un distanciamiento simbólico o personal entre sus dos principales líderes Santos/Uribe. La apuesta por transitar la paz o continuar la guerra es sobre todo una ruptura entre los diferentes intereses de las élites colombianas. El discurso de Santos en la firma de Cartagena estuvo plagado de referencias a las oportunidades económicas que abre el acuerdo de paz, al aumento de las inversiones internacionales y a la modernización del país, representando claramente los intereses de unas élites urbanas más abiertas a la financiarización y el capital transnacional. Mientras que Uribe representa una oligarquía más tradicional apegada al control territorial, que ha hecho de la guerra y la impunidad su leitmotiv.

El uribismo ha utilizado a las víctimas como arma política en el referéndum, intentando hacer ver que se aplicaría una suerte de amnistía para los criminales de guerra.

A pesar de la fractura de la derecha colombiana, son sus dos principales facciones en disputa las que marcan el campo político desde hace años, hasta tal punto que la confrontación del "extremo centro" de Santos en su disputa con la ultraderecha de Uribe ha subordinado a un parte de la atomizada izquierda colombiana a su campo político. En este sentido, el propio resultado del 'no' puede favorecer justamente esta tendencia, el reagrupamiento de sectores de la izquierda en torno al Gobierno para asegurar la paz y el cumplimiento de los acuerdos, algo parecido a lo que ya se produjo en las últimas presidenciales con el voto útil a Santos ante la amenaza del Uribismo. Romper esta dinámica de subordinación es un elemento central para la recomposición de una izquierda atomizada, que debe de recuperar su iniciativa política movilizándose por la paz y el cumplimiento de los acuerdos.

Una movilización y una sociedad civil organizada deben convertirse en el verdadero garante del cumplimiento de los acuerdos de paz y en el motor no solo de la recomposición de la izquierda, sino sobre todo de la construcción de una nueva Colombia. En este contexto, es una incógnita qué papel puede jugar la desmovilización de las FARC y su tránsito hacia una nueva formación política, que mas allá de contar con una importante implantación en el mundo rural no se sabe si será capaz de federar o propiciar procesos de convergencia que superen tanto su áreas de influencia como mas de cincuenta años de estigmatización contra-insurgente.

De esta forma, la apertura o no de negociaciones públicas entre el Gobierno y la segunda guerrilla del país, el ELN, se convierte en un elemento clave para los procesos que se pueden abrir aun mas después del referéndum de ayer. El acuerdo con el ELN es una condición indispensable para poder acabar con la violencia política en el país, una violencia política que, de continuar, puede convertir en papel mojado los acuerdos de Paz firmados en Cartagena. La continuidad de las hostilidades armadas entre la guerrilla de los Elenos y el Gobierno es una fuente de justificación para mantener un presupuesto militar elevadísimo, una doctrina de la guerra e impunidad de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad del Estado que ha supuesto un importante elemento de violación de derechos humanos en el país; así como la permanencia y extensión del paramilitarismo. En este sentido, la apertura de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN se vuelve una condición indispensable para asentar y asegurar el proceso de paz en Colombia. Por ello es fundamental que desde la comunidad internacional y desde la sociedad colombiana se presione para abrir el proceso de negociación cuanto antes. Los pasos de los últimos días del ELN, con la suspensión unilateral de acciones ofensivas, así como con la liberación de secuestrados, llama al optimismo y nos debe de hacer redoblar esfuerzos en favor del diálogo.

Uno de los elementos centrales del proceso de paz es el papel de las víctimas del conflicto, unas víctimas que reclaman no solo el protagonismo que se merecen como agentes de paz sino, sobre todo, que el proceso garantice Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, elementos indispensables para asegurar la No-Repetición. De esta forma, actos como el del pasado viernes en la Chinita-Antioquia, en donde las FARC pidieron perdón a las víctimas por la masacre en la que murieron treinta y cinco personas, constituyen un ejemplo a seguir también por el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado, como por ejemplo con el caso de las víctimas del Palacio de Justicia, con las que tuvimos la suerte de reunirnos estos días en Bogotá y que llevan reclamando Verdad y Justicia desde hace mas de dos décadas. El uribismo ha utilizado a las víctimas como arma política en el referéndum, intentando hacer ver que se aplicaría una suerte de amnistía para los criminales de guerra. Pero la realidad de lo acordado es bien distinto de procesos como la ley de amnistía de la Transición española o la de punto y final en Argentina, que dejaron sin juzgar a criminales y verdugos. En el acuerdo de paz se contempla un tribunal especial con presencia internacional para juzgar los crímenes cometidos durante estos mas de cincuenta años de guerra.

Es precisamente en este momento, cuando se ha producido un revés político importante para la Paz, cuando Colombia necesita más el apoyo y acompañamiento internacional.

En la semana escasa de campaña donde he podido participar junto a la sociedad civil colombiana apoyando el 'sí' a la Paz como un primer paso de un proceso complejo, no exento de peligros, pero que constituye una magnífica oportunidad para construir una nueva Colombia, he podido comprobar la magnitud del desafío al que se enfrenta tanto la propia sociedad colombiana como la necesidad de que no se encuentre sola en este proceso y esté acompañada por la comunidad internacional. Es precisamente en este momento, cuando se ha producido un revés político importante para la Paz, cuando Colombia necesita más el apoyo y acompañamiento internacional.

En la firma de Cartagena de Indias, la participación de la comunidad internacional fue muy importante, especialmente presentes los Gobiernos latinoamericanos que acompañaban a presidente Santos y al dirigente guerrillero Timochenko en el estrado. Aunque si tuviéramos que señalar una ausencia simbólica en esta firma, sería la de la Unión Europea, que apenas estuvo representada por el enviado especial para la paz, Eamon Gilmore. Ni si quiera la alta representante de asuntos exteriores Mogherini estuvo presente en este día histórico para América Latina.

La UE tardó demasiado tiempo en respaldar con firmeza el proceso de paz en La Habana, sólo en noviembre del 2015 nombró su enviado especial. Ahora más que nunca es el momento de presionar para que las instituciones europeas no solo se tomen más en serio su papel en el acompañamiento al cumplimento de los acuerdos, su apoyo a la apertura del dialogo con el ELN, sino también para asegurar un uso no indebido del fondo fiduciario de noventa millones de euros y de la concesión de créditos por valor de cuatrocientos millones de euros por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podrían endeudar a la sociedad colombiana, creando mayores desigualdades, tal y como denuncian las organizaciones sociales colombianas.

Además, tenemos que recordar que durante el conflicto colombiano, muchas empresas transnacionales con matriz europea vulneraron sistemáticamente los derechos humanos. El apartado cuarenta del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del Acuerdo permite la vinculación de empresas transnacionales como agentes directos o indirectos con el conflicto armado colombiano. Cuando una empresa produce daños o vulnera los derechos humanos debe responder civilmente. Es decir, deben reparar a las víctimas por el daño causado, y si los daños constituyen delito o crímenes, deben responder penalmente. Desde la UE se debe de llegar al compromiso de ser garantes también del cumplimiento de estos acuerdos en lo que respeta a las empresas con matriz Europea así como asegurar que esta situación no se vuelva a producir, activando las cláusulas democráticas o de derechos humanos contempladas en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia.

De esta forma, la UE debería -prioritariamente- apoyar la creación del Tribunal Especial para la Paz previsto en el Acuerdo, especialmente de la Comisión de la Verdad y de No Repetición, la Unidad Especial para las personas desaparecidas en el conflicto y la Unidad para la investigación y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Así como asegurar que los fondos públicos europeos ayuden a terminar eficazmente con la impunidad de todos los delitos y respaldar la labor de la Comisión Mixta de Garantías de No Repetición entre la sociedad civil colombiana y el Estado colombiano, dirigida a adoptar una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales, depuración de la fuerza públic,a así como una reforma integral de las fuerzas de seguridad en Colombia.

Un 'no' que casi nadie esperaba en el referéndum de ratificación de los acuerdos supone un revés incuestionable para el proceso de paz en Colombia, polariza aún mas a la población y deja malherida la legitimidad del Gobierno en un momento clave. Pero no podemos consentir que la incertidumbre vuelva a nublar el futuro del pueblo colombiano. Es el momento para defender los acuerdos con la movilización social como garante de su cumplimiento y con el apoyo internacional para acompañar la Paz