Existe un eslogan al que el movimiento feminista ha acudido en diversos momentos de su historia: "Queremos empleo, trabajo nos sobra", para llamar la atención a la ciudadanía de que la mayor parte del trabajo en el mundo es no remunerado, producido y consumido en los hogares.

Se refiere con ello a esos servicios dirigidos a garantizar el bienestar de las personas cuyo valor no recoge ni el PIB ni otros indicadores macroeconómicos, y que, sin embargo, son imprescindibles para la supervivencia humana.

Esta es una tarea a la que se han dedicado siempre las mujeres, sin reconocimiento ni salario, y que ha lastrado sus expectativas de libertad, independencia económica, o simplemente capacidad de decidir su propio proyecto vital.

En los últimos años, las mujeres españolas nos hemos incorporado al empleo, a la actividad económica, social, cultural y política, y a la vez hemos seguido ocupándonos del cuidado de los demás, afrontando en desventaja nuestra presencia en el mundo de lo público. A la discriminación y los prejuicios de siglos de cultura patriarcal hemos sumado que somos menos competitivas. Se supone que nuestro tiempo y nuestra inteligencia debe ser compartida con la atención y el cuidado de nuestra familia.

La evolución de las sociedades desarrolladas ha ido deteriorando ese viejo modelo. En este país empezábamos a construir otro nuevo, en el que cuidar a quien lo necesita pasa a ser una obligación compartida entre los hombres, las mujeres y las Administraciones Públicas.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es fruto de este nuevo modelo, puesto que, junto a otras políticas, permite que hombres y mujeres puedan ocuparse del empleo mientras su familia está atendida. Su objetivo es crear un gran sistema de apoyo a las personas, a la vez que generar toda una red de servicios con un importante peso económico cuyo valor pasa a formar parte de nuestro Producto Interior Bruto.

En ese camino estábamos hasta que llegaron los recortes, consecuencia de una política que afronta esta crisis sólo con "austeridad," y de un Gobierno que ha encontrado en este proceso una excusa para asentar su ideología más conservadora, la del viejo modelo, que, como en el pasado, sitúa a las mujeres trabajando en la atención familiar sin reconocimiento ni salario.

No es casualidad que junto a la derogación encubierta de la ley de dependencia, y a una reforma laboral que deja sin efecto los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, estemos asistiendo a un previsible retroceso del derecho a decidir sobre la maternidad, que nos situará a la cola de Europa para devolvernos a la clandestinidad. Mientras la ciudadanía asiste con angustia a la incertidumbre presente y futura que genera la crisis, la derecha ha encontrado su mejor oportunidad de retroceder en el tiempo sobre los avances conquistados durante años.

Claramente la ley de dependencia es una conquista mayoritariamente femenina, y su paralización es un desastre para la vida de muchas mujeres. Como lo es para la economía y para el bienestar social.

Las mujeres son el 67% de las personas que se benefician de la ley, la mayoría tienen más de 80 años, ingresos bajos y falta de recursos para ser cuidadas en su entorno. Recordemos que las mujeres tienen pensiones mucho más bajas que los hombres porque han cotizado menos, y su mayor esperanza de vida, junto a los roles de género, hace que vivan más tiempo solas. A ellas les cuidan sus hijas y sus nueras. A ellos, además les cuidan sus cónyuges.

En el año 2011, el 24,5% de las mujeres mayores se encontraba en situación de vulnerabilidad ante la pobreza. Sin duda ese gran recorte de la ley de dependencia la incrementa.

Como también incrementa la pobreza de las mujeres más jóvenes, no solo de aquellas que tienen una discapacidad, también de las profesionales. Casi el 85% del empleo creado en el sector de los servicios sociales es femenino.

Con salarios nada envidiables, muchas mujeres del medio rural organizaron cooperativas para atender a los mayores de sus comarcas, otras encontraron una ocupación en residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio.

Sin duda, los recortes en los servicios públicos expulsarán a muchas de estas mujeres de la actividad profesional. Los datos nos muestran cómo, a partir del año 2011, ya se destruía empleo en algunas Comunidades Autónomas.

Pero también serán más pobres las cuidadoras familiares. Son las hijas, nueras, cónyuges y madres de la persona en situación de dependencia, con quienes comparten domicilio, y de quienes se han ocupado cada día durante años, lo que ha limitado ampliamente sus posibilidades de acceso al empleo, a la formación, a la actividad social y a la cultura.

Y sin embargo, es a estas mujeres a quienes el Gobierno ha reducido la prestación económica un 15%, incluso más en algunas Comunidades Autónomas, y ha dejado sin derecho a una pensión de jubilación. En este momento muchas se preguntan que pasará con su tarjeta sanitaria.

Ellas son las más vulnerables, no las vemos en las manifestaciones ni en los medios de comunicación reclamando el derecho que acaban de perder. Son mujeres que viven aisladas, pendientes del bienestar de otras personas, que afrontan enfermedades y lesiones derivadas del esfuerzo físico y psicológico que supone cuidar, y que se encuentran con serias dificultades económicas en el presente y, probablemente, en el futuro. He conocido a muchas en los años en los que he trabajado en la aplicación de la ley de dependencia, todas reclaman algo a lo que creo tienen todo el derecho: reconocimiento.

Una vez más las políticas neoliberales en lo económico y conservadoras en lo social, como las que está aplicando el Gobierno del PP, están siendo letales para el avance de la igualdad y para la vida de las mujeres. Los recortes del Estado del Bienestar, que se traducen en menos servicios de atención y cuidado junto a la pérdida de derechos laborales, expulsan a las mujeres del empleo y las vuelve a colocar en la dependencia económica, cuando no en la pobreza. Son recortes que perjudican a las personas más vulnerables, entre quienes las mujeres siempre tuvieron un puesto predominante. Es más, si se cumplen los anuncios del Gobierno, ni siquiera podremos decidir sobre nuestra maternidad, que es lo mismo que decir, sobre nuestras vidas.

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