Educación obligatoria hasta los 18: ventajas e inconvenientes de su implantación

Lleva más de quince años sobre la mesa, pero nunca ha llegado a implantarse en España. Y es que la idea de extender la educación obligatoria de los 16 a los 18 años tiene tantas aristas como adeptos y detractores. Ahora, tras volver al listado de ‘propuestas de mejora del sistema educativo’ que elabora el Consejo Escolar del Estado, el sector vuelve a debatir las ventajas y los inconvenientes de esta posible modificación. ¿Está capacitada la red de enseñanza?

Una solución para el abandono escolar

Para el órgano consultivo del Ministerio de Educación, el país está preparado para alargar la etapa educativa de los alumnos. En su último informe anual el Consejo anima a “reflexionar sobre la conveniencia de que la comunidad educativa debata la extensión de la obligatoriedad de la formación y la educación hasta los 18 años”. Una de las principales razones aportadas por esta junta es la capacidad de dicha reforma para mejorar la tasa de abandono escolar.

España, con un 14%, es el segundo país con mayores cifras al respecto de toda Europa. Según la Encuesta de Población Activa de 2023, ese es el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no habrían completado la segunda etapa de Educación Secundaria (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que decidieron no seguir ningún tipo de formación.

Asimismo, las cifras destacan que al menos el 90% de los jóvenes sigue escolarizado a los 17. Es decir, ampliar la formación obligatoria dos años más ayudaría a ‘retener’ a más de 60.000 adolescentes que dejan de estudiar sin llegar a cumplir la mayoría de edad.

Para los expertos en la materia, salir al mercado laboral con un nivel formativo tan básico es abocar a los jóvenes a la precariedad. Sin embargo, es en este punto donde se plantea uno de los debates: ¿se trata de retener o de atraer a los alumnos?

Mantener la ‘calidad’ de la enseñanza

Los profesores lo tienen claro. Esta medida no tiene cabida en el actual sistema educativo sin un programa que refuerce, concrete y haga más atractiva la oferta formativa para aquellos que se plantean dejarlo antes de los 18.

“Si actualmente ya cuesta mantener en clase hasta los 16 a los alumnos que no quieren estudiar, retenerlos hasta los 18, obligándoles a estar en el aula seis horas seguidas sería muy complicado”, explica a este medio Francisco Rivera Moreno, Coordinador Ensenyament del CSIF Catalunya. Desde el sindicato ANPE, miembro del Consejo, señalan al respecto que es necesario incentivar nuevas vías que hagan que estos alumnos “tengan ganas de permanecer en el sistema”.

En este sentido, el bucle parece infinito. Tal y como señalan los expertos consultados por El HuffPost, nada de esto podría salir adelante sin una educación “de calidad”. Para el CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, resulta “completamente inviable”.

“Como sindicato nos oponemos radicalmente a esta medida y creemos que en ningún caso sería satisfactoria”, apuntan. “Entre otras cosas habría un problema evidente con las plazas de los bachilleratos y las FP. Ahora mismo en bachillerato tenemos una ratio en las clases que superan los 33 y 34 alumnos por aula. Es contraproducente y no puedes llegar a atender a todos los alumnos por igual. Es contradictoria esta medida con los planes de inclusión”, subrayan.

Cabe recordar que, de llegar a implantarse esta idea, las familias de los alumnos de educación concertada y privada de 16 a 18 años se verían obligadas a reubicar a sus hijos en centros públicos en caso de no poder asumir el coste del centro.

“Obligar a los jóvenes que no quieren estudiar a quedarse esos dos años más obligaría a los centros a modificar toda su logística sin contar con las infraestructuras ni los recursos necesarios para ello”, aseguran desde CSIF.

Imitar los casos de éxito

Los miembros del Consejo Escolar del Estado, pese a tener en cuenta el contexto, han apoyado su propuesta en la exitosa experiencia de otros países europeos que ya han implantado este modelo. El más cercano, el de Portugal.

En el país vecino se aprobó en 2009 la ampliación de la educación obligatoria de los 15 a los 18 años. Desde ese año -fecha en la que el exministro socialista Ángel Gabilondo también propuso esta medida en España- la tasa de abandono escolar del país "descendió de un 31% a un 6% en poco más de una década".

Este dato logró convertir a Portugal en un referente internacional educativo y un ejemplo a seguir para el resto de estados. Actualmente hay otros países europeos en los que también es obligatorio estudiar hasta los 18, como Bélgica, Francia, o Alemania.

Sin embargo, algunos profesores destacan que en el caso de España se tendría que cambiar el sistema educativo de la ESO y “empezar a los 14 como antes y no a los 12 o hacer un bachillerato de tres años o alargar el instituto”. Es decir, modificar por completo la estructura de la enseñanza.

Un elevado coste

Uno de los motivos que también alejan la materialización de la propuesta es el coste que conllevaría su implantación. Aunque no se ha trasladado oficialmente una cifra concreta, algunos estudios calculan que el nuevo modelo costaría al menos 1.000 millones de euros al año. Y es que, además de sumar personal y sueldos para afrontar los cambios, el objetivo del Gobierno estaría puesto en reforzar las plazas y la oferta de la Formación Profesional (FP).

Pero la dificultad económica no es exclusiva del Estado. Tal y como recuerdan desde el CSIF, la mayoría de las familias tendría problemas para asumir los gastos: “Ya tienen bastantes dificultades económicas para llegar hasta los 16 años de la escuela obligatoria de sus hijos como para ahora alargarlo dos años más. No es positivo ni para el sistema educativo, ni para las familias. En muchas casas no se lo podrán permitir (...) Creemos que es una medida recaudatoria. Si les obligan tienen que seguir sí o sí en las aulas”, finalizan.