Los vecinos portugueses asestan un golpe a los españoles con gallineros para autoconsumo
Efectos secundarios de la nueva regulación del Ministerio de Agricultura.
Las solicitudes para registrar los gallineros para autoconsumo se han convertido en avalancha. Desde que entrase en vigor la obligatoriedad de registrarlos, solo en Galicia, se han tramitado ya, por vía telemática o presencial, las altas de más de 40.000 corrales, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural de la Xunta.
Sin embargo, la nueva regulación del Ministerio de Agricultura, que impide comprar nuevos ejemplares de pollos a aquellos propietarios que no lo hayan registrado, está provocando un efecto secundario en la compraventa de aves. Según La Voz de Galicia, la venta de gallinas, especialmente entre las personas mayores, ha disminuido un 70%.
Una tendencia a la baja que confirma el portavoz de la Asociación de Tiendas Agrarias de Galicia (Atiga), Manuel Calvo que, además, es propietario de una tienda en el municipio coruñés de Santa Comba en la que, aproximadamente, tres cuartas partes de sus clientes tienen más de 70 años. Calvo apunta que el temor a posibles multas y la confusión de muchos de sus clientes está causando un caída en las ventas y, por tanto, de ingresos.
La situación en Galicia, se complica aún más por las diferencias que hay entre las normas españolas y las de Portugal. Mientras que aquí es necesario registrar los gallineros para autoconsumo, al otro lado de la frontera no existen tales restricciones, lo que ha llevado a muchos compradores a trasladarse a tierras portuguesas para hacerse con nuevos ejemplares, algo que preocupa a los comerciantes, preocupados por la competencia desigual entre ambos lados de la frontera.
La Xunta ha presentado varias alegaciones al real decreto de Agricultura, argumentando que impone una carga burocrática excesiva sin tener en cuenta las particularidades de Galicia, donde la cría de aves de corral para autoconsumo es común. Sin embargo, hasta el momento, estas preocupaciones no han sido atendidas, y las inspecciones de la administración autonómica solo se llevarán a cabo en respuesta a denuncias específicas.
