POLÍTICA
25/11/2013 13:11 CET | Actualizado 25/01/2014 11:12 CET

Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública

EFE

La Audiencia de Castellón ha condenado a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Naranjax. Deberá pagar una multa de 693.00 euros e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

Por el contrario, la Audiencia ha absuelto a Fabra, al empresario Vicente Vilar y a la exmujer de éste Montserrat Vives de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El tribunal condena a la exmujer del expresidente de la Diputación, Amparo Fernández, a dos años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública y a pagar 274.000 euros de multa e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

La sección primera de la Audiencia de Castellón ha absuelto al exsenador del Partido Popular Miguel Prim del delito de tráfico de influencias.

FABRA RECURRIRÁ LA SENTENCIA

Tras conocerse la decisión, el expresidente de la Diputación de Castellón ha anunciado que recurrirá la sentencia que le condena y ha afirmado a Efe que se siente "muy satisfecho" por no haber sido condenado por cohecho y tráfico de influencias.

Fabra ha explicado que, "desde el punto de vista moral", esta sentencia es "muy importante", ya que del tema de "corrupción" del que se le acusaba ha sido finalmente absuelto.

En cuanto a la presentación de recursos al fallo, el expresidente ha dicho que tiene que estudiarlo junto a su abogado, pero que ya tenían previsto recurrir tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo si se daba esta situación.

COSPEDAL: "TOTAL RESPETO" A LA SENTENCIA

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado su "total respeto" a la decisión, aunque ha recordado que "no está dictada la última sentencia" sobre este caso.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Cospedal ha recordado que "hace ya tiempo" que Fabra no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el partido.

Sobre si el PP va a tomar alguna decisión una vez condenado el expresidente de la Diputación castellonense, Cospedal ha señalado que el comité de derechos y garantías "hará lo que proceda en relación con los estatutos" del partido.

En cualquier caso, ha añadido, "no está dictada la última sentencia".

DIEZ AÑOS DE INSTRUCCIÓN

Este caso ha sido un auténtico 'maratón' judicial cuya instrucción se ha prolongado a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por la que pasaron hasta nueve jueces.

Tras este proceso, Carlos Fabra se sentaba el 2 de octubre en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'. Fabra se enfrentaba a una petición de hasta 13 años de prisión por parte de Fiscalía, que también le reclama una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros.

Además de Fiscalía, figuraba como acusación la Unión de Consumidores y también es parte en el proceso la Abogacía del Estado. Carlos Fabra llegó al juicio oral con el único cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, puesto que en junio de 2010 abandonó la presidencia de la Diputación Provincial tras 16 años al frente de la institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial.

Este mismo año, dimitió como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas) tras el auto de apertura de juicio oral.

El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.

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