El Poder Judicial pide que se despenalice el aborto en casos de malformación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes un informe moderadamente crítico con la reforma del aborto planteada por el Gobierno en el que pide al Ejecutivo, entre otros cambios, que no penalice el aborto eugenésico, pero no llega a solicitar la retirada del anteproyecto, como había pedido la vocal progresista Pilar Sepúlveda.
En el proyecto presentado por el Gobierno solo hay dos supuestos legales de aborto: violación o “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”.
El órgano de gobierno de los jueces ha sacado adelante con diez votos a favor el informe basado en la ponencia de la vocal conservadora Carmen Llombart, mientras que la ponencia más crítica, que pedía la retirada del anteproyecto, firmada por Pilar Sepúlveda, ha sido apoyada únicamente por ocho vocales, la minoría progresista.
DOS FACULTATIVOS DEL MISMO CENTRO
Mercè Pigem y Enrique Lucas (propuestos por CiU y PNV respectivamente) y Fernando Grande Marlaska (propuesto por el PP) se han abstenido porque creen que el Ejecutivo debería haber esperado para reformar la actual legislación sobre el aborto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la misma.
En todo caso, el CGPJ en su conjunto coincide en solicitar al Ejecutivo determinados cambios que están incluidos en las dos ponencias, aunque la segunda, la más crítica, no haya logrado imponer sus reproches al anteproyecto.
Por ejemplo, respecto al supuesto de anomalía fetal incompatible con la vida, es decir, el aborto eugenésico, ambas piden que sea legal aunque no se demuestre que esté afectada la salud psíquica de la madre, al entender, en palabras de Llombart, "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido".
Asimismo, el informe definitivamente aprobado considera suficiente que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.
Tanto Llombart como Sepúlveda abogan por que la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".
Mercè Pigem y Enrique Lucas se han abstenido porque creen que el Ejecutivo debió esperar a la decisión del Constitucional sobre la ley vigente y recomiendan al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".
Otro vocal, Fernando Grande-Marlaska, ha aludido en sus alegaciones que le han llevado a desmarcase de la mayoría conservadora a la que pertenece debido a ser también favorable a esperar a la sentencia del TC por razones de seguridad jurídica.
