POLÍTICA
02/10/2014 17:25 CEST | Actualizado 02/10/2014 18:02 CEST

El escándalo de las 'tarjetas B' de Caja Madrid se cobra sus dos primeras víctimas políticas

GTRES

El escándalo de las tarjetas fraudulentas de Caja Madrid ya se ha cobrado sus dos primeras víctimas políticas: el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, y la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga. Los nombres de ambos se encuentran en la lista de las 86 personas que se beneficiaron de estas tarjetas.

Según el informe de Bankia enviado a la Audiencia Nacional, Pablo Abejas habría pasado gastos por un importe de 246.700 euros, mientras que Carmen Cafranga lo hizo por un importe de 175.200 euros.

A primera hora de la tarde, el portavoz del Gobierno de Madrid, Salvador Victoria, anunciaba que el presidente regional, Ignacio González, había decidido cesar al director general de Economía asegurando que desconocía "absolutamente" la existencia de dichas tarjetas y lavando las manos del Ejecutivo madrileño porque, dice, "carece de ninguna competencia" sobre la supervisión financiera de Bankia, anterior Caja Madrid. Según Victoria, éstas corresponden al Ministerio de Hacienda o al Banco de España.

"UN MODELO GENERALIZADO"

Durante su comparecencia, Victoria ha instado al patronato de la Fundación Caja Madrid a que cesara a su presidenta. Esta petición ha provocado que apenas dos horas después, la propia Carmen Cafranga anunciase, con un comunicado a la prensa, su dimisión.

En el documento, asegura tener la "firme convicción de haber actuado siempre con plena legalidad", aunque se compromete a "hacer voluntariamente las reparaciones a las que hubiere lugar". Y añade:

"No existe respecto de mi persona ni de la Fundación imputación judicial de ningún tipo como tampoco existe acusación por esta cuestión de las tarjetas de empresa contra los Consejeros y cargos electos de Caja Madrid. No obstante, con el fin de despejar toda sospecha de instrumentalización de la Fundación en mi favor, dejo la presidencia".

Cafranga justifica el uso de estas tarjetas asegurando que "el sistema de compensación a los consejeros de la desaparecida entidad financiera -Caja Madrid-, de la que es heredera la Fundación, está documentado y definido en sus órganos de gobierno desde los ya remotos tiempos de 1988". "Es un modelo generalizado en este tipo de entidades y en numerosas empresas y estaba sometido a los más rigurosos sistemas de control y fiscalización, tanto internos como del Banco de España y de los demás organismos supervisores y reguladores competentes".

¿LO SABÍA EL BANCO DE ESPAÑA?

Precisamente, el juez Andreu, a través de una providencia, ha preguntado al Banco de España si conocía el uso de las 'tarjetas B' de Caja Madrid y ha pedido a la Fiscalía que analice e investigue estas prácticas para determinar si los exdirectivos de la entidad pudieron cometer un delito de administración desleal.

El magistrado ha dictado una providencia en la que traslada a los peritos del Banco de España que analizaban las retribuciones de los exconsejeros de la entidad los informes elaborados por la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que revelan que los exconsejeros cargaron para gastos privados un total de 15,2 millones de euros entre los años 2003 y 2012.

La documentación facilitada al juez, que ahora analizan los peritos del Banco de España, demuestra que los exconsejeros, entre ellos el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el de Caja Madrid Miguel Blesa y representantes del PP, el PSOE, IU, los sindicatos y los empresarios, cargaron en sus tarjetas gastos en restaurantes, grandes superficies, hoteles y ropa.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, trasladó el pasado 24 de septiembre al juez Andreu, que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, las diligencias que había abierto el pasado 24 de septiembre por posibles delito societario y de apropiación indebida.

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