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02/12/2016 17:48 CET | Actualizado 02/12/2016 18:02 CET

¿Sirve de algo que el Gobierno grave las bebidas azucaradas?

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El objetivo es puramente económico. En concreto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública pretende recaudar 200 millones de euros durante 2017. Sin embargo, la medida de gravar (y por tanto encarecer) las bebidas carbonatadas y azucaradas, aprobada por el Consejo de Ministros este viernes 2 de diciembre, puede considerarse un primer paso en la lucha contra la obesidad en España.

En mayo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) daba la voz de alarma: el viejo continente se precipitaba hacia una crisis de obesidad en 2030 y situaba a España como uno de los países más afectados por el previsible boom del sobrepeso. La noticia rápidamente se colocó en portada de todos los diarios online y los datos de que el 58% de los españoles tendrán sobrepeso y un 21%, obesidad en 15 años cayeron como una losa. Sin embargo, los datos rápidamente perdieron interés y la mayoría se olvidó del problema sin hacer nada, incluidas las autoridades.

17 meses después de aquello, la OMS tuvo que hacer otra llamamiento y en octubre de 2016 instó a gobiernos de todos los países para que impusiesen impuestos sobre las bebidas azucaradas, a las que señalaba como responsables del aumento de diabetes, caries y obesidad. Para este organismo, aplicar políticas fiscales que generen un aumento del 20% en el precio final de estos productos supondría una reducción equivalente en el consumo de estas bebidas cargadas de azúcar. Un lata de refresco contiene entre 35 y 40 gramos, por encima de los 25 gramos que la OMS estableció como límite en marzo de 2014.

Con la medida económica anunciada por el ministro Cristóbal Montoro, España se hace eco del llamamiento hecho hace un mes, aunque todavía no ha explicado de qué forma. El ministro adelantó que se había aprobado un proyecto de ley para establecer una nueva tasa sobre bebidas azucaradas y carbonatadas, pero no quiso especificar el porcentaje. Según explicó, la intención del Gobierno es negociar dicha tasa con los grupos parlamentarios.

MUCHO POR HACER

Para España, segundo país de Europa después de Reino Unido con más personas con sobrepeso y obesidad, ésta es una medida necesaria pero también escasa. Por mucho que Montoro la calificase como un "instrumento de lucha contra la obesidad y todo lo que significan los problemas del exceso de azúcar", desde la web consalud apuntan que "dejará sin mayor carga fiscal los alimentos con mayor contenido de azúcar, que representan el 75% del total de azúcar añadido que se consume diariamente".

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Según el informe Cómo hacer frente a la obesidad en España: La necesidad de una mayor concienciación e integración de políticas, publicado por The Economist en el mes de junio, los gastos sanitarios derivados de esta epidemia suponen un 7% del presupuesto nacional. Al hilo de esto, Juan Carlos Ruiz de Adana, presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas (SECO), denunciaba en un artículo de teinteresa.es la "falta conciencia en el sistema público".

El nutricionista Aitor Sánchez, autor del libro Mi dieta cojea apuntaba al Estado como responsable de esta situación en una entrevista publicada recientemente en El Huffington Post: "Tiene que formarnos, educarnos y controlar a qué estamos expuestos. Es salud pública. Cuando el Estado no controla a qué se expone su población, ésta va a desarrollar enfermedades derivadas de esa exposición". Para este especialista, el problema no son sólo los productos azucarados: "Nos exponemos a publicidad, una oferta de muy mala calidad, unos menús (de centros escolares y hospitalarios) muy deficientes... y todo esto hace que acabemos con estas tasas de enfermedades no transmisibles".

NO SOMOS LOS PRIMEROS

La medida anunciada este viernes y ante la que la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) ha mostrado su disconformidad por considerarla "injusta y discriminatoria" no es una novedad. Otros países ya aplican impuestos especiales a los productos azucarados.

En 2012, el Gobierno italiano de Mario Monti decidió seguir la estela de Francia e imponer un impuesto especial a las bebidas azucaradas "para fomentar los hábitos alimentarios". El país vecino lo había hecho el año anterior cuando aprobó un impuesto especial para las bebidas azucaradas: la gravamen es de entre tres y seis céntimos de euro por litro. Eso se tradujo en 120 millones de euros de ingresos anuales para el Estado francés.

Una medida similar se aprobó en México, que ocupaba la segunda posición como país con más sobrepeso del mundo, en 2013. Tres años después de la puesta en marcha, parece que la medida no ha surtido efecto. El país, donde se consumen 163 litros de refrescos por persona al año, vive una situación incluso más alarmante. De hecho, la edición mexicana de Forbes publicaba este mismo viernes que Estados Unidos le acaba de ceder a este país el primer puesto como el territorio con mayor índice de obesidad a nivel internacional.

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