Síndrome de Alienación Parental: la conversión judicial del abusador o maltratador en víctima
Todavía sigue candente el recuerdo de la lucha de Juana Rivas, que intentó por todos los medios evitar que su vida y la de sus hijos peligraran al estar cerca de Francesco Arcuri, su expareja, debido a los malos tratos sufridos. La Audiencia de Granada revisará este mes la condena a la que fue sentenciada la madre de los dos niños: cinco años de cárcel y seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre ambos.
En 2012 comenzaba la lucha paralela de otra madre para proteger, esta vez, a sus dos hijas de su padre, al que denunció por abusos sexuales sobre la mayor cuando ésta tenía cuatro años. Hace unos días, Enrique Agudo Fernández, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de Colmenar Viejo, que el pasado año le retiró la custodia de manera radical a la madre, ha mantenido su decisión de que las niñas estén bajo la custodia provisional de los abuelos paternos. De nuevo, la víctima vuelve a ser culpable ante la ley.
El magistrado, que fue juez decano de los juzgados de las ciudades de Ponferrada y también asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia durante los años del Partido Popular en el Gobierno, jamás escuchó a las dos pequeñas, que en numerosas ocasiones han manifestado su deseo de volver con su madre. El padre fue finalmente absuelto de los cargos, debido a un error de grabación de la prueba preconstituida, que no enfoca a la niña mientras declaran los hechos. Además, ninguna de las dos ha sido explorada en más de tres años por el equipo psicosocial del juzgado, formado por la psicóloga Dolores Rodríguez Dávila y la trabajadora social Elena Velasco Lázaro, quienes responsabilizan a la madre de provocar en las niñas un trauma y ser la causa de que éstas tengan una relación insana con su padre.
No obstante, el progenitor ha presentado informes del equipo de acompañamiento terapéutico privado Tótem, que él mismo ha pagado. Según estos informes, el rechazo de las niñas a pasar tiempo con su padre es debido a la madre; el juez Agudo considera entonces que "es preciso alejarlas provisionalmente del entorno materno, pues la permanencia en las menores de recuerdos negativos sobre la figura del padre justificarían su rechazo y podría estar instaurando un trauma que viene dado precisamente por la actitud de la madre"; propone el juzgado, también, una "desprogramación afectiva", que supone la aplicación del no reconocido Síndrome de Alienación Parental (SAP). Las medidas de Agudo cuentan con el beneplácito de Ministerio fiscal.
La madre fue separada totalmente de sus hijas durante nueve meses; nueve meses en los que no pudo comunicarse con ellas de ningún modo. Además, el equipo psicosocial del juzgado con apoyo del equipo de acompañamiento terapéutico pagado por el padre le advierte de las consecuencias que pueden conllevar algunas "interferencias" como no evitar besar o abrazar a sus hijas si se las encuentra casualmente por la calle, como ocurrió un día.
Durante las Navidades, a la madre se le permitió efectuar cuatro llamadas telefónicas; desde entonces, se le han concedido visitas semanales, de una hora de duración, siempre con doble supervisión en un Punto de Encuentro. El régimen al que está sometida la madre, así como las condiciones, son mucho más duras y extremas que cuando el padre estuvo imputado por los abusos sexuales.
Carmela del Moral, portavoz jurídica de Save The Children, plataforma que conoce bien el caso y defiende a la madre y sus hijas, afirma que las tres están siendo castigadas con el síndrome mencionado anteriormente; un síndrome que no solo fue calificado como fraude por su creador Richard Gardner, sino que, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, supone un "espacio de impunidad para el abuso infantil", como declaró a la SER.
Todo esto ha provocado que la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista emita un comunicado en el que expresan su descontento y malestar con la aplicación, bajo otra nomenclatura, del SAP. En dicho comunicado exigen "el posicionamiento frente al SAP del Consejo General de la Psicología de España y en particular del Colegio Oficial de Psicología de Madrid". Grupos internacionales como la Asociación de Psicología Americana, la Asociación Médica Americana y, en España, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Española de Neuropsiquiatría han desaconsejado y alertado de su uso y utilización en la justicia, ya que se emplea como medio para revertir la custodia a favor de la persona denunciada. Este síndrome, manifiestan, ha existido como "un constructo de corte misógino y patriarcal, utilizado en la justicia para castigar a las madres que denuncian violencia en general y abuso sexual contra sus hijas e hijos en particular".
La madre ha denunciado el caso ante el Consejo General del Poder Judicial, ante el Defensor de Pueblo y ante el Colegio de Psicólogos.
¿Por qué Francesco Arcuri ha resultado victorioso en la batalla frente a Juana Rivas?, ¿por qué la mayoría de los jueces del mediático caso de 'La manada' no ven violación en los vídeos?, ¿por qué esta madre, la última en una serie de injustas sentencias, se ha obligado a verse separada de sus hijas, que pueden vivir en un futuro con su padre, un abusador sexual? ¿Tan ciega está la justicia española en estos casos o, probablemente, no está preparada en cuestiones de género para poder enfrentarse a ellos?
Desde luego, muchos abogados y jueces españoles comparten puntos de vista con Javier María Pérez-Roldán, abogado del progenitor y un crítico radical con la ley integral contra la violencia de género que se presenta, además, en su propia página web, como especialista en denuncias falsas y presidente de la asociación Centro Jurídico Tomás Moro.
Si los especialistas en derecho, las personas encargadas de proteger a la totalidad de la población, que incluye a mujeres, niños y niñas, personas LGTBIQ, no están preparadas ni concienciadas para ello, un gran número de personas estamos, de antemano, condenadas.
