BLOGS
23/10/2014 07:03 CEST | Actualizado 22/12/2014 11:12 CET

Dos preguntas para España sobre Cataluña

La historia del proceso autonómico en España es la idea inicial de garantizar un régimen específico para País Vasco y Cataluña que acaba extendiéndose a todas las comunidades. De esta manera, la España de las autonomías ha acabado por tener algo de grouchomarxista: se acepta la diferencia, a condición de que todos sean igual de diferentes.

Hay tanto ruido que nadie escucha a nadie, pero con todo y con eso, me permito plantear dos preguntas. En primer lugar, ¿considera usted que Cataluña debe tener un régimen específico entre las autonomías españolas o, por el contrario, considera que debe formar parte, como una más, del régimen aplicado al resto de autonomías? En segundo lugar, ¿considera usted que, en el caso de que se dieran en Cataluña mayorías electorales estables, transversales y sostenidas en el tiempo a favor de la independencia debería convocarse un referéndum sobre ello o, por el contrario, cree que en ningún caso puede aceptarse tal hipótesis?

Ya conocemos las respuestas de los independentistas catalanes a esas preguntas, pero no conocemos la respuesta del resto de fuerzas políticas, ni en Cataluña ni entre los partidos mayoritarios en la política española. Ni a favor del sí ni a favor del no. Si en la política española hubiera una respuesta clara (a favor del sí o a favor del no) tal vez supiéramos todos mejor a qué atenernos.

En cuanto a la primera cuestión, la mayoría política catalana ha estado tradicionalmente en esa idea: un régimen específico para Cataluña dentro de España. El planteamiento de Artur Mas en las elecciones de 2012 (la interdependencia, la independencia no clásica y otras denominaciones similares) apuntaban a una especificidad en la autonomía catalana dentro de España. Incluso cuando, a lo largo de la legislatura, Artur Mas se ha ido deslizando hacia la independencia (por lo menos, la independencia nominal) su planteamiento siempre ha sido: tras votar sí a la independencia habría que negociar con el Gobierno español la nueva relación. Es decir, acabar en un régimen específico y una relación bilateral para la autonomía catalana que permitiera a Cataluña seguir formando parte de la Unión Europea a través de España. Antes de Mas, el federalismo asimétrico de Pasqual Maragall era un régimen específico para Cataluña. El pujolismo aspiraba a un régimen específico para Cataluña, encajando en la diferenciación entre nacionalidades y regiones que recogió la Constitución de 1978. El federalismo que ahora proponen socialistas catalanes e Iniciativa per Cataluña plantea, seguramente con diferencias de matiz, un régimen específico para Cataluña. Unió Democrática plantea, también con diferencias respecto de los anteriores, un régimen específico para Cataluña dentro de España.

En realidad, la mayoría política catalana está defendiendo desde hace años un régimen específico para Cataluña, y discute sobre el procedimiento para conseguirlo. Hace años que vivimos enredados en una discusión de procedimiento. Ahora, los aliados de procedimiento (CiU, ERC e IC) son distintos a los aliados de objetivo (CiU, PSC, IC).

El PP y Ciutadans rechazan un régimen específico para la autonomía catalana. El partido político que defiende con rotundidad la independencia, y está dispuesto a ir a una declaración unilateral (DUI) es Esquerra Republicana. También la CUP, aunque no está tan claro hacia dónde pueda evolucionar la izquierda alternativa, con lo que parece estarse formando alrededor de Podem o Guanyem. Hacia dónde acabará cayendo Convergència es una incógnita. ¿Hacia la DUI o hacia la reclamación de un régimen específico para Cataluña?

¿Y en el resto de España? ¿Consideran el PP y el PSOE que Cataluña debe tener un régimen específico entre las autonomías españolas o, por el contrario, consideran que Cataluña debe ser una autonomía como otra?

La historia del proceso autonómico en España es la idea inicial de garantizar un régimen específico para País Vasco y Cataluña que acaba extendiéndose a todas las comunidades. De esta manera, la España de las autonomías ha acabado por tener algo de grouchomarxista: se acepta la diferencia, a condición de que todos sean igual de diferentes. Hay una excepción: la especificidad fiscal del País Vasco y Navarra, que sí quedó reconocida en 1978.

¿Es razonable que se recoja ahora la especificidad de Cataluña? ¿O que se elimine la del País Vasco y Navarra? ¿Todas las autonomías iguales? ¿O mejor no tocar nada sin tener claro qué se pretende, como dice el presidente del Gobierno? UPyD plantea con claridad la eliminación de los "privilegios" de País Vasco y Navarra, y rechaza "otros privilegios que se promuevan mediante las reformas estatutarias". Ni el PP ni el PSOE son tan claros. La famosa ambigüedad catalana tiene su reflejo en la ambigüedad española: ¿todas las autonomías iguales? La suma de ambigüedades ha llevado a ensayar en Cataluña durante casi cuarenta años cómo hacer las dos cosas a la vez: que haya singularidad pero que no la haya. Escenificar que la hay, pero que no la haya. O escenificar que no la hay, pero que la haya, no se sabe muy bien.

A raíz de lo vivido durante los últimos años, se han escuchado voces en la política española, en el PP y en el PSOE, voces aisladas, que sugieren el reconocimiento de una singularidad catalana. Bien es verdad que a continuación comienzan los peros: pero que no signifique privilegio, pero que no signifique desigualdad, pero que no signifique... (no descartemos acabar en otra fórmula grouchomarxista: "se reconoce la singularidad catalana, a condición de que, pasado un tiempo prudencial, todos tengan la misma singularidad").

¿Por qué defiende la política catalana un régimen específico? ¿Para ser distintos, para ser superiores y mejores que el vecino? Es verdad que el pujolismo ha alimentado durante años una difusa idea de los catalanes como pueblo especial, discretamente superior, con un cultivo intensivo de la autoestima y un ligero desdén hacia la España profunda. Enhorabuena a los que así se consideren, pero el interés de la mayoría de los catalanes no está ahí. Un régimen específico y una relación bilateral con el Gobierno de España tiene importancia porque el sistema de partidos catalán está formado por partidos distintos al del sistema de partidos español. Los partidos mayoritarios en España son muy minoritarios en Cataluña. Si no hay un régimen específico (el llamado "blindaje de competencias" y autonomía fiscal), las decisiones sobre las competencias transferidas a la autonomía catalana las acaban adoptando, a través de leyes generales aprobadas en las Cortes, los partidos que son minoritarios en Cataluña.

¿Qué se argumenta contra el régimen específico para la autonomía catalana? Que en la práctica supone crear un cortijo para los partidos locales y un espacio propicio para la impunidad. O que supone ofrecer un instrumento para que desde las instituciones se haga un discurso político hostil a España. O que bajo el subterfugio de la diferencia pretende buscar privilegios.

Hay otro argumento menos lírico para oponerse a un régimen específico: ¿quién le dice a qué autonomías españolas que van a tener menos competencias que los catalanes? ¿Con qué argumento? ¿Cómo se objetiva? ¿Por la lengua? Salen varias comunidades con lengua propia. ¿Por su fuerte personalidad? ¿Tienen la personalidad menos fuerte otras autonomías? La especificidad solo puede justificarse en la voluntad de los catalanes. ¿Es eso autodeterminación? ¿Y cómo detenemos a continuación la misma voluntad expresada por aragoneses, andaluces, valencianos, castellanos, gallegos, extremeños...?

El PSOE no aclara su posición en ese punto: ¿todas las autonomías iguales o un régimen diferenciado para Cataluña? ¿O está proponiendo un régimen diferenciado para Cataluña "y otras autonomías"? ¿Cuántas? ¿Todas las que lo pidan, es decir a la larga todas? ¿Se trata de buscar una vía específica para Cataluña y luego extenderla a todas las autonomías? Es lo que reprocha el Gobierno al PSOE. Reproche que no viene acompañado de plan alternativo, por supuesto, porque tampoco el Gobierno, ni el PP, responden con claridad a esa pregunta: ¿Cataluña debe tener el mismo régimen autonómico que el resto de Comunidades?

Hay algo de melancólico en la discusión política de Cataluña: ¿Qué es más imposible? ¿La independencia o un régimen específico dentro de España? Los independentistas argumentan que la independencia es el único camino porque la política española ciega todos los demás. Los contrarios o reacios a la independencia replican que se trata de un razonamiento tramposo, puesto que la independencia ´también´ es imposible. Se trata de elegir entre dos opciones, y aparentemente imposibles las dos. Hay un tercer imposible: la idea general de que "así no se puede seguir".

Por si fuera poca complicación, no sólo se está debatiendo sobre identidad, ciudadanía, soberanía y otras ideas elevadas. Hay algo más crudo en la discusión: una reordenación de competencias, un nuevo reparto de poder. Se está discutiendo quién tiene el lápiz para trazar líneas de ferrocarril o de autovías, quién decide sobre la obra pública. Quién construye, y también, claro está, quién cobra las comisiones por la concesión de obra pública. Muy importante en España este último aspecto, parece. Muy importante. En toda España. ¿Quién concede obras públicas? ¿Quién las decidirá? Eso también se está discutiendo. Una línea de tren aquí elimina una línea de tren allá. Una carretera de más aquí es una carretera de menos allá. Quién decide, quién cobra. Eso también debe contar algo, a tenor de lo que conocemos. (accesorio, sin duda, lo importante son los principios).

En cuanto a la segunda cuestión: ¿considera que en el caso de que en Cataluña se diera una mayoría estable, continuada y transversal a favor de la independencia habría que convocar un referéndum sobre ello? Habrá que esperar, a ver si el Tribunal Constitucional abre la puerta a una Ley de Claridad, como la de Canadá: unas normas claras, sobre convocatoria, mayorías necesarias, tipo de preguntas, respeto a las minorías, y normas de negociación, para quien desee plantear la independencia. En todo caso, tras unas elecciones de las que surgiera (si así fuera) una mayoría clara e inequívoca favorable a la independencia. O no. O esperar que el Tribunal Constitucional dé una respuesta clara en sentido contrario: no se puede. El campo de juego acaba aquí, más allá de esta línea no tiene valor alguno chutar a puerta y marcar gol. Es fuera de juego. Puede ser esa la respuesta.

Son solo dos preguntas, a las que la política española puede responder sí o no. Todos sabríamos mejor a qué atenernos: ¿considera usted que la autonomía catalana puede tener un régimen específico y una relación bilateral con el Gobierno de España, o por el contrario debe ser una autonomía como las demás? Y en segundo lugar, ¿considera que en el caso de que en Cataluña se dé una mayoría electoral estable, continuada y transversal a favor de la independencia, debería convocarse un referéndum o, por el contrario, considera que en ningún caso puede plantearse tal hipótesis?

EL HUFFPOST PARA IKEA