¿A quién sirve Feijóo?
La acción del Gobierno tiene muy presente a quien se debe; Feijóo, con la suya también.
El tiempo pone todo en su sitio y menos de seis meses han bastado para que las evidencias constaten que, efectivamente, el PP está en su sitio.
Feijóo llegó a la presidencia de su partido comprometido a “agilizar las medidas que los españoles necesitan”, pero ¿qué medidas?, ¿qué necesidades? Y ¿a qué españoles se dirigía Feijóo?
Parece obvio concluir que la complejidad del momento que vivimos exige la adopción de políticas públicas contundentes para hacer frente a las consecuencias derivadas de las dos crisis globales que se han sucedido; por una parte minimizando el coste que dichas consecuencias provocan y que hoy tiene su reflejo en una inflación mundial desbocada, a la vez que aceleramos las transformaciones necesarias para afrontar el desafío energético, medioambiental, social y económico que el espejo de la crisis nos ha devuelto.
Decía que constatamos que el PP está en su sitio y para contextualizarlo, remontémonos a las recetas aplicadas en la gestión de la crisis del 2008: Rescate a la banca por el que los españoles y españolas hemos pagado un peaje de más de 100.000 millones de euros, una reforma laboral que devaluó los salarios y precarizó los empleos, austeridad a costa de recortes en sanidad, educación, investigación o dependencia, injusticia fiscal con la que subieron más de 55 impuestos —entre ellos, 5 veces el IRPF, el IVA, el IBI, se implantó el copago de medicamentos, subieron las tasas universitarias…, es decir, aquellos que gravan a la mayoría social— y amnistiaron a grandes fortunas en paraísos fiscales. El resultado de su gestión económica lo sabemos: no se recuperaron los niveles de empleo previos a la crisis, trabajadores pobres, servicios públicos debilitados, y unas tasas de desigualdad de las mayores de Europa (ricos más ricos, pobres más pobres).
Y aunque, emulando a Edison, podríamos pensar que “una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo”, el momento actual ha dado la oportunidad de demostrar el aprendizaje empírico a un “nuevo PP centrado”, que aspira a ser el partido de la mayoría social. Hoy proteger a la mayoría social es actuar para aliviar las consecuencias de la inflación, que afecta de manera especial a la clase media y trabajadora.
Proteger a la mayoría social para hacer frente a la subida de precios provocada por la crisis energética es bonificar 20 céntimos por litro de carburante, es bajar el IVA de la luz del 21% (que estableció el PP) al 5%, es limitar el precio de la bombona de butano, es topar el precio del gas, es prorrogar los descuentos en el bono social eléctrico.
Proteger a la mayoría social es reducir del precio de los abonos para fomentar el transporte público, es limitar el incremento de los alquileres, así como suspender los desahucios y los cortes de electricidad, es establecer una ayuda complementaria de 100€ para los estudiantes becados o una ayuda de 200€ para las rentas bajas.
Proteger a la mayoría social es poner en marcha medidas que garanticen la liquidez de nuestras empresas, nuestra industria y el sector primario, impulsando el motor de nuestra economía y la generación de empleo.
Proteger a la mayoría social es gravar temporalmente los beneficios extraordinarios de la banca y a las grandes empresas energéticas. Repito, beneficios extraordinarios o el lucro que les reporta esta nueva crisis, mientras una gran parte de la ciudadanía ha de hacer equilibrios con los gastos cotidianos para llegar a fin de mes.
Dudo de si la experiencia de la gestión de la crisis de 2008 no fue lo suficientemente instructiva, o si el concepto de mayoría social en el imaginario del PP se cuantifica por arriba en función de la renta, porque no ha habido ninguna de las medidas enumeradas que le haya parecido bien al Partido Popular de Alberto Núñez Feijoó, que aporta como gran ejemplo de gestión de las CCAA donde gobierna, medidas tan populares como becar a quienes tienen rentas superiores a 100.000 € o eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros, exceptuando la vivienda habitual hasta 300.000€.
Hacer política es servicio público y con nuestras decisiones nos definimos. La acción del Gobierno tiene muy presente a quien se debe; Feijóo, con la suya también.
La pregunta es: ¿a quien sirve Feijóo?
