POLÍTICA
15/02/2021 12:18 CET | Actualizado 15/02/2021 13:12 CET

Cristina Cifuentes, absuelta de la falsificación de su máster

"Las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes".

EFE
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, en la Audiencia Provincial de Madrid en la última sesión del juicio por el caso Máster.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Cristina Cifuentes en el caso Máster. La expresidenta de la Comunidad de Madrid estaba acusada de un delito de falsedad documental por inducir a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó, en 2012, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Acompañada por su hijo, Cifuentes ha acudido esta lunes a la sede judicial de la calle Santiago Compostela para conocer la sentencia, que ha sido notificada a las 12:00 a los abogados de las partes y a las propias acusadas.

La Audiencia ha resuelto que no se ha probado que Cifuentes “impulsara, sugiriera o presionara” para falsificar el acta de su trabajo de fin de máster, aunque destaca las “incongruencias” de su actuación como alumna, “incompatibles” con una estudiante normal.

Sin pruebas suficientes

“Las sospechas legítimas que pudieran existir no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes. Ni consta la presión inductora, ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito”, afirma la Sección 15 de la Audiencia.

Según el tribunal, “de lo actuado no ha resultado probada ninguna participación” de la expresidenta en la falsificación, por la que sí han sido condenadas la profesora y asesora de la Comunidad de Madrid Teresa Feito a tres años de cárcel, y la docente Cecilia Rosado a un año y seis meses.

Ninguna de ellas dos, destaca la sala, dijeron en el juicio “haber mantenido contacto alguno con la señora Cifuentes, tampoco con su oficina o gabinete”.

El tribunal indica, en cambio, que Cifuentes, como alumna del máster, “ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado”.

Esto es porque, señala la sentencia, “ha reconocido que nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor” y se limitaba a entregar trabajos. Sobre su defensa del trabajo de fin de máster, afirma que “incluso de haberse producido, hubiera sido en extremo inexplicable” porque en 2012 ella figuraba como no presentada en la asignatura.

Pedían tres años y tres meses de cárcel

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña, dado que la exdirigente popular era “la única, la primera y la última beneficiaria” de esa falsificación. También pidió la misma pena para Feito, mientras reclamó 21 meses para la profesora Rosado y de forma subsidiaria que se apreciaran las atenuantes de confesión y miedo insuperable por las presiones que habría recibido del director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, fallecido en abril de 2019.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

Actué de buena fe”, afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de “presiones” de Enrique Álvarez Conde y Feito, manifestando que Conde la llamó más de veinte veces el día que saltó la polémica mientras que Feito lo hizo unas quince veces.

El abogado defensor José Antonio Choclán reclamó la absolución de su patrocinada, defendiendo al final de la vista que la acusación de la fiscal fue “puramente selectiva” y “arbitraria” al no ser “objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia”.

Choclán aludía a las “irregularidades” detectadas en una pieza separada en “todos los alumnos investigados”, un hecho que quedó patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó. “Todo se cocinó en la universidad”, manifestó.

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