La Fiscalía cifra en 3,4 millones de euros el desvío de fondos de los líderes del 'procés'
Tal y como ha revelado 'El País', el Ministerio Público ha rebajado la cifra inicial de 9 millones que fijó el Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía ha cifrado este miércoles en 3,4 millones de euros el desvío de fondos de los líderes del procés, en la demanda presentada en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable contra varios de los principales líderes del procés independentista catalán.
Según ha revelado El País, el Ministerio Público ha rebajado casi una tercera parte de la cantidad que fue reclamada inicialmente por parte del Tribunal de Cuentas, pasando de los 9.054.005,8 millones de euros iniciales a los 3.429.342,4 millones.
La Fiscalía cree que la cifra propuesta sirvió para hacer frente a los gastos que se generaron por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y aquellos que se produjeron para promover la iniciativa independentista fuera de España.
La demanda a la que ha tenido acceso El País, detalla que la reducción de las cuantías se ha dado por el establecimiento de “un principio de seguridad jurídica, recogiendo el mismo criterio que el Tribunal Supremo en cuanto a los hechos probados de la sentencia, las condenas y la autoría de las mismas”.
Respeto por “la libertad ideológica”
El texto de la Fiscalía defiende el respeto por “la libertad ideológica” y, por ello, excluyen gastos que se dieron por viajes y conferencias, aunque en ellos también se hablara de la defensa al derecho de autodeterminación.
El Ministerio Público considera que los costes por la organización del referéndum del 1-O fueron 1.129.838,63 euros, una cuarta parte de los 3.903.294,86 euros con los que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas cifró las presuntas irregularidades.
Una rebaja que también se ha dado en el apartado relativo a la promoción del proceso independentista. La demanda del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, ha reducido la reclamación a los investigados de 5.150.711,09 euros a 2.209.503,8 euros.
Los 35 investigados no sufrirán ningún daño patrimonial por las reclamaciones actuales ya que, según detalla El País, han quedado amparados por los avales ofrecidos por la Generalitat de Cataluña y los embargos de sus bienes ya han sido levantados.
