La Fiscalía General del Estado (FGE) se ha mostrado contundente contra la decisión de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de investigar por sí misma los casos de abusos sexuales a menores cometidos en su propio seno, así como su encubrimiento. En un informe remitido al Defensor del Pueblo, el ministerio público califica de “parcial” y de “escasa utilidad” la auditoría que los obispos españoles han encargado al despacho Cremades & Calvo Sotelo, según El País.
Tal y como ha publicado dicho medio, en el documento remitido el pasado martes por la Fiscalía, se recoge que este tipo de comisiones deben ser independientes, y además considera como “esencial” la presencia de la Fiscalía en la investigación que el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Precisamente, la misma investigación a la que la Conferencia Episcopal rechazó sumarse, aunque sí se mostró dispuesta a mantener colaboración.
“Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el término ’afectados”.
Fragmento del informe de la FGE al Defensor del Pueblo
La relevancia del informe
Tal y como recoge el citado diario, la FGE pidió a principios de año que los 17 fiscales generales remitiesen todos los procedimientos judiciales abiertos que tuviesen relación con abusos sexuales a menores cometidos por eclesiásticos. El resultado fue la recepción de 68 denuncias y querellas, que a su vez fue descrito como “meramente referencial”.
En este sentido, el ministerio público apunta a que estamos ante una “realidad criminal de incuestionable gravedad”, y en la que existe una gran responsabilidad por parte de los obispos y superiores de las órdenes religiosas de forma subyacente.
“Ese conocimiento previo de los hechos por parte de los superiores jerárquicos de la institución ha podido ser el motivo, entre otros, del desconocimiento del número real de casos, de que se hayan silenciado muchos de ellos y de que en el momento de intentar detectar la dimensión de lo ocurrido nos encontremos con archivos secretos, denuncias silenciadas o cierto encubrimiento de los hechos, que tiene como coartada el tiempo que ha pasado o la minimización de lo ocurrido, lo que sin duda eleva el grado de sufrimiento para las víctimas”.
Fragmento del informe de la FGE al Defensor del Pueblo
