Todos miran al miércoles: Sánchez testa el apoyo de sus socios mientras intenta frenar la sangría del caso Koldo en el PSOE

Pedro Sánchez encara una semana decisiva en su intento de frenar el desgaste político del caso Koldo y mantener en pie su frágil mayoría parlamentaria. Este lunes ha reunido a la nueva ejecutiva del PSOE, con el estreno de Rebeca Torró como secretaria de Organización, para rearmar internamente al partido antes de su comparecencia del miércoles en el Congreso. El objetivo no es solo dar explicaciones, sino convencer a sus socios de que sigue siendo el presidente capaz de liderar una legislatura estable, a pesar del escándalo que ha salpicado de lleno al aparato socialista.

La cita interna servirá para perfilar la batería de reformas legislativas que Sánchez anunciará ante el pleno monográfico sobre el caso Koldo. Fuentes de Moncloa aseguran que incluirán medidas para endurecer las penas por corrupción y para impedir que las empresas implicadas puedan volver a contratar con la administración pública. Se sumarán a las trece propuestas internas presentadas el sábado en el Comité Federal, con las que Ferraz intenta dar una imagen de renovación ética tras la imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán, su ya ex número tres.

El relevo de Cerdán ha obligado a reconfigurar el área de Organización con un esquema más coral: Torró estará acompañada por Borja Cabezón y Anabel Mateos como adjuntos. Pero el arranque no ha sido precisamente ejemplar. El sábado, en pleno cónclave socialista, dimitió Francisco Salazar, hasta entonces responsable de Formación, tras ser acusado de acoso sexual. Una renuncia que cayó como un jarro de agua fría sobre un PSOE que pretendía escenificar firmeza y unidad.

Además del código ético reforzado y la nueva estructura, este lunes también se estrenan como vocales el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, la segoviana María Martín García y la cántabra Carmen González Caballero. La encargada de verbalizar esta nueva etapa será Montse Mínguez, que hoy ofrecerá su primera rueda de prensa como portavoz del partido. Pero la crisis no se resuelve con caras nuevas: el caso sigue avanzando por la vía judicial y amenaza con devorar todo el relato regenerador del PSOE.

El plan de Sánchez: ética interna y reformas legales

Sánchez llega al Congreso con dos cartas sobre la mesa: una lista de compromisos internos para blindar al PSOE frente a la corrupción y una serie de reformas legales que busca presentar como un escudo institucional ante casos futuros. El sábado, en el Comité Federal, detalló trece medidas de regeneración dentro del partido, que incluyen desde el refuerzo del código ético —para expulsar a quienes paguen por sexo o incurran en delitos— hasta la creación de una oficina de cumplimiento normativo dentro de la estructura socialista, pasando por controles sobre los contratos y relaciones con empresas.

Aunque Ferraz aún no ha publicado el contenido exacto de todas esas medidas, la dirección insiste en que su objetivo es “tolerancia cero” con la corrupción, y que el PSOE “no puede ser rehén de errores individuales ni mirar hacia otro lado”.

La segunda parte del plan se conocerá este miércoles en el Congreso. Según fuentes de Moncloa, el presidente propondrá endurecer las penas por delitos de corrupción, limitar la reincidencia empresarial y reforzar los mecanismos que impiden a las empresas corruptoras volver a contratar con la administración pública. Aunque admiten que el marco legal actual ya contempla estos supuestos, creen que hay margen para “cerrar grietas” y enviar un mensaje político claro.

Aadvertencias, condiciones y ultimátums

Pero el mayor reto de Sánchez no está solo en la oposición, sino en su propio bloque parlamentario. Sumar ha dejado claro que no avalará el discurso del miércoles si no hay medidas contundentes contra la corrupción. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado una advertencia directa: si el presidente no plantea “un plan de choque convincente”, no hablará en nombre del Gobierno de coalición, “sino solo en nombre del PSOE”.

El más explícito ha sido Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, que este domingo, desde el congreso de Barcelona En Comú, acusó al PSOE de inmovilismo: “Con resistir no es suficiente; y tratar de alargar la legislatura sin hacer nada, de forma agónica, como está demostrando el PSOE, no va a ser una solución”. En su intervención, Urtasun advirtió de que Sumar no piensa quedarse quieto: “Vamos a liderar la regeneración democrática y social que este país merece, con toda nuestra fuerza”.

Además, reivindicó el modelo de Barcelona En Comú como prueba de que “la corrupción cero sí existe”. “He escuchado a algunos dirigentes socialistas decir que la corrupción cero no existe; nosotros decimos que sí existe, y la prueba somos nosotros”, aseguró. Y remató con una frase cargada de intención: “Algunos reciben querellas y otros sobornos; nosotros estamos orgullosos de que nadie haya intentado comprarnos”.

Desde ERC, el mensaje ha sido más prudente pero igual de claro: reclaman que el Gobierno reactive la agenda social y ven con inquietud cómo el caso Koldo ha dinamitado el foco político. En privado, insisten en que no darán cheques en blanco y que no sostendrán un Ejecutivo que solo resiste por inercia.

Podemos, por su parte, exige medidas inmediatas y no se conforma con una simple depuración estética. Reclaman una limpieza a fondo, cambios estructurales y un compromiso real con la regeneración democrática. “Ya basta de proteger a los de arriba mientras se exige ejemplaridad a los de abajo”, deslizan desde la formación morada.

El PNV, siempre más institucional, ha sido rotundo: su portavoz, Aitor Esteban, ha pedido a Sánchez un “discurso sincero” y “pruebas claras” sobre la implicación real de su exsecretario de Organización. “Necesitamos delimitar con precisión qué ha pasado y qué papel ha jugado cada uno. Solo así podremos seguir confiando”, avisó.

Junts, en cambio, ha optado esta vez por un tono más bajo. No han entrado en el barro del caso Koldo, pero recuerdan que su apoyo sigue condicionado al cumplimiento íntegro de los pactos de investidura. “No interferiremos, pero tampoco renunciaremos a vigilar”, resumen desde el entorno de Puigdemont.

Sánchez llega así al Congreso en posición de equilibrio inestable: con la derecha en ofensiva total y los socios cada vez más exigentes. El margen de maniobra es mínimo. Un paso en falso y la legislatura se le puede escapar entre los dedos.

Pedro Sánchez no solo tiene que convencer a sus socios. También deberá resistir el ataque frontal de la oposición, que ya prepara el asalto parlamentario de este miércoles con el caso Koldo como munición central. Alberto Núñez Feijóo clausuró este domingo el XXI Congreso Nacional del PP presentándose como el “único antídoto” frente a lo que denomina el “Gobierno insalubre” de Sánchez. La estrategia está clara: proyectar la imagen de un PSOE cercado por la corrupción mientras el PP encarna la regeneración y la “normalidad institucional”.

“El Gobierno de coalición no ha funcionado, y yo no quiero darle a España los mismos espectáculos que vemos cada semana en el Consejo de Ministros”, lanzó Feijóo, decidido a gobernar en solitario, sin cordones sanitarios ni a Vox ni al PSOE. Reivindicó una alternativa “limpia” y prometió una auditoría “hasta el último céntimo que se haya gastado”, con lupa sobre adjudicaciones, contratos y promociones dentro del Estado.

“La Presidencia del Gobierno exige grandeza, y yo la voy a tener”, proclamó, antes de acusar a Sánchez de “quebrar deliberadamente la convivencia” y de “retorcer la Constitución” para mantenerse en el poder. Según el líder popular, el presidente ha “colonizado las instituciones” y ha “convertido lo irregular en norma”. Su objetivo declarado: convertir el mandato de Sánchez en “un paréntesis en la historia de España”.

Más presión para Ferraz: el caso Koldo sigue en marcha

Mientras Pedro Sánchez intenta recomponer el discurso desde la ejecutiva del PSOE, el frente judicial del caso Koldo no se detiene. Este lunes, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar a dos piezas clave en la presunta trama: Antxon Alonso, amigo personal de Santos Cerdán, y Fernando Agustín Merino, exdirectivo de Acciona. Ambos comparecen en calidad de investigados por presuntos pagos de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Alonso, que está llamado a las 11:00 horas, aparece como presunto socio de Cerdán en la empresa navarra Servinabar. En su domicilio se halló un contrato privado de 2016 en el que transfería a Cerdán 1.350 participaciones de esa sociedad, según la UCO, usada como “vía de canalización de beneficios” y “escalón intermedio para desvincular a Koldo de Acciona”. Cerdán admitió que firmó el documento, aunque alegó que nunca se ejecutó y que lo rompió tras una conversación con su mujer, que le convenció de no dejar la política.

A las 12:00 está citado Merino, señalado por la Guardia Civil por supuestamente influir en Koldo García para adjudicar contratos a Acciona, entre ellos el puente del Centenario en Sevilla y los túneles de Belate en Navarra. La empresa ha negado irregularidades y asegura que las licitaciones siguieron la ley, con buena puntuación técnica y sin impugnaciones. Aun así, el juez ha ordenado investigar sus cuentas y las de otras constructoras implicadas, al considerar que sus conductas estarían “indisociablemente unidas” a la de Cerdán