La Audiencia Nacional condena a 8 años de cárcel al expresidente de Pescanova
El tribunal considera que la dirección de la empresa manipuló las cuentas para captar inversiones.
La mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España ya tiene responsables. La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, por las prácticas irregulares ejecutadas para obtener financiación bancaria y por manipular las cuentas de la empresa para captar inversores.
El tribunal también ha establecido penas que van desde los seis meses a los tres años y medio de prisión a otros 11 acusados que formaban parte de la cúpula del gigante pesquero. Los otros siete acusados han sido absueltos.
Las penas de la sentencia son inferiores a las solicitadas por las acusaciones. Los magistrados de la sección cuarta de lo Penal han entendido que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.
Asimismo, la Audiencia Nacional también ha condenado a la empresa Pescanova S.A. y a la auditoría BDO Auditores a penas de multa. Ambas sociedades tendrán que satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil. Las cuantías que acabaron perdiendo los inversores superan los 51 millones en algunos casos.
Prácticas irregulares por parte de la dirección
La sentencia, conocida este martes y con una extensión de 610 páginas, acredita las prácticas irregulares llevadas a cabo por parte de la dirección de Pescanova para obtener financiación.
Al frente de la dirección se encontraba el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, que también ejercía de presidente del consejo de administración.
El tribunal considera que el presidente contaba con la colaboración de algunos responsables de los departamentos más importantes la compañía para llevar a cabo estas irregularidades. La sentencia cita expresamente al jefe de administración, dirigido por Alfredo Pérez Uros y al financiero, dirigido por Antonio Taboas. Así como algunos empleados de confianza como José Manuel Gil González y Ángel González Domínguez.
Objetivo: mantener la financiación durante la crisis
La sentencia relata en sus hechos probados cómo Sousa planeó una serie de prácticas irregulares para seguir disfrutando de la financiación bancaria, cuando cayeron los ingresos por la crisis financiera iniciada en 2008.
Tras obtener esa financiación bancaria, la cúpula de Pescanova no se contentó con eso. Los directivos manipularon las cuentas anuales de la compañía para reflejar una situación financiera que no se correspondía con la verdadera.
“Para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”, señala.
Empresas ficticias y operaciones inexistentes
Los acusados crearon una serie de empresas ficticias, unas sociedades instrumentales que utilizaban para simular operaciones de compraventa de pescado. Estas supuestas ventas les permitían contratar pólizas de crédito y líneas de factoring —cesiones de créditos a entidades financieras—.
Además, también llevaron a cabo operaciones de comercio internacional con filiales que les permitían obtener financiación a través de créditos documentarios. Esto se hacía a espaldas de las filiales.
Esas operaciones de compraventa inexistentes se reflejaron en la contabilidad con conocimiento del auditor interno y suponía una ocultación del pasivo bancarios. El auditor externo, Santiago Sañé Figueras de BDO Auditores, no puso objetivos a la formulación de las cuentas de Pescanova que tenía que remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esos buenos resultados de Pescanova —que no se correspondían con la realidad— llevaban a que muchos inversores decidieran apostar por esta compañía. Sin embargo, la realidad de la situación financiera de la compañía era muy distinta a lo que reflejaban las cuentas.
Alzamiento de bienes del matrimonio
La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario Andrade, sacaron cuatro millones y medio de euros de las cuentas de la empresa en España e ingresaron ese dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença.
Esta operación se llevó a cabo tras desvelarse que las cuentas de Pescanova no reflejaban la situación real de la empresa y la presentación de las primeras querellas.
La sentencia sostiene que el matrimonio trató de transferir el dinero a una cuenta abierta en Hong-Kong. El objetivo de esta operación era impedir que una parte de la devolución del préstamo de seis millones estuviera al alcance de los inversores de la compañía.
La intención de matrimonio era trasladar parte de ese dinero desde las cuentas de España a Portugal y desde ahí a China. Rosario Andrade se ocupó de abrir la cuenta en la ciudad de Hong Kong.
Ambos acusados reconocieron las transferencias de España a Portugal en el juicio, aunque alegaron que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad.
Por estos hechos, Fernández de Sousa-Faro resulta condenado a dos años de cárcel y Andrade a uno por delito de alzamiento de bienes. Los hijos del matrimonio han sido absueltos.
