La Mesa del Parlament mantiene su pulso al Constitucional y asume la responsabilidad del voto de Puig
El TC ha dictado una sentencia en la que anula la delegación de voto de Lluís Puig, que reside en Bruselas (Bélgica) huido de la justicia española.
La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha acordado esta noche asumir “la plena responsabilidad” de la publicación del acta de la sesión del pleno en la que conste que el voto delegado del diputado de JxCat Lluís Puig ha sido contabilizado, con lo que mantienen su reto al Tribunal Constitucional.
Según han indicado los miembros de la Mesa al finalizar la reunión extraordinaria mantenida esta noche tras el pleno de la cámara, los tres partidos independentistas —ERC, JxCat y la CUP— se han comprometido a asumir “todas las responsabilidades políticas y jurídicas para garantizar el derecho al voto del diputado Lluís Puig, huido en Bélgica por el 1-O.
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que anula la delegación de voto de Lluís Puig, que reside en Bruselas (Bélgica) huido de la justicia española.
El secretario tercero de la Mesa y diputado de la CUP, Carles Riera, ha publicado en Twitter: “Nos plantamos ante la represión del Estado y asumimos todas las responsabilidades políticas y jurídicas para garantizar el derecho al voto del diputado Lluís Puig”.
“Hoy la Mesa del Parlament hemos firmado un acuerdo para pasar del simbolismo a los hechos”, ha añadido. Y ha explicado a los periodistas que acostumbran a firmar el acta de cada sesión plenaria la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y él mismo como secretario tercero de la Mesa.
El compromiso adquirido por la Mesa supone, en teoría, liberar a cualquier funcionario del Parlament de responsabilidad por la publicación de las actas en las que se recoja el voto delegado de Puig, y este es el motivo por el que este miércoles, en el marcador electrónico de la cámara, no aparecía reflejado dicho voto, a petición de los trabajadores de la institución.
Fuentes de la presidencia del Parlament han indicado que se trata de “una exención de responsabilidad para los funcionarios y una asunción” por parte de la Mesa, puesto que “las decisiones políticas las tienen que tomar los políticos y no los trabajadores”.
Las mismas fuentes han explicado que las actas de las sesiones plenarias acostumbran a tardar “varios días o semanas” en ser publicadas.
El voto de Lluís Puig, que contabilizó verbalmente la presidenta del Parlament, pero no se vio reflejado en el marcador electrónico de la cámara, se tuvo en cuenta en la validación de un decreto ley de integración de centros educativos, la primera que ponía a prueba la decisión de desoír al TC.
La decisión se ha tomado con los votos en contra de los miembros de la Mesa del PSC, tal y como sucedió en la anterior reunión destinada a tratar este mismo asunto.
