El Supremo confirma el ingreso a prisión de Griñán y la condena a Chaves por el caso de los ERE

Sentencia ratificada. La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y el ingreso en prisión de José Antonio Griñán por fraude ante un sistema de concesión de ayudas sociolaborales en Andalucía durante una década.

Este martes, la Sala II del Tribunal ha anticipado el fallo de la sentencia con el que ha avalado por mayoría (tres votos frente a dos) la decisión de la Audiencia de Sevilla que consideró a Griñán responsable de un delito de malversación y prevaricación, y a Chaves, condenado únicamente de este último.

Los argumentos del fallo así como los 1.800 folios se darán a conocer en septiembre una vez se redacte el voto discrepante de dos magistradas del tribunal (Ana Ferrer y Susana Polo). Ambas han considerado que el Supremo debería haber estimado el recurso de Griñán, que debería haber sido absuelto del delito de malversación, anulando así su condena a prisión.

Pese a que el Supremo no ha aceptado los recursos de los expresidentes sí que ha modificado la sentención al estimar la absolución de tres cargos técnicos de la Consejería de Trabajo Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo.

El fallo incluye también la ratificación de la condena a Juan Márquez Contreras como autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, imponiéndole la pena de prisión de tres años y a la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de siete años y seis meses.

El abogado de Griñán, José María Calero, ya ha anunciado que recurrirá el fallo y que llegará hasta el Constitucional. “Griñán tiene lo más importante: tiene la conciencia tranquila. Tiene la certeza de que jamás ha sustraído un euro y que jamás conoció o fue consciente de que nadie pudiera sustraerlo”, ha expresado en Cadena SER.

Además ha expresado que les ha sorprendido la noticia. “No esperaba en absoluto que el Supremo confirmara la sentencia ha sido una enorme decepción para los que hemos trabajado en este recurso”, ha expresado.

Entre otras de las opciones abiertas están la posibilidad de entrada en suspensión de entrada en prisión para Griñán y un indulto por parte de Moncloa.

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Cruce de reacciones

Una de las primeras reacciones ha sido la del presidente actual de la comunidad, Juanma Moreno, que en declaraciones en una entrevista en Canal Sur Radio donde ha manifestado que esa resolución le genera un sentimiento “agridulce” porque el nombre de Andalucía es noticia no por cosas agradables, sino por cosas “relacionadas con la corrupción”.

Desde Génova, tras el Comité Ejecutivo del Partido Popular, Feijóo ha descartado que vaya a usar “el caso más grave de la democracia” para “desacreditar a todo un partido ni a toda la actividad política”.

“La justicia ha dictado sentencia, las urnas también y ahora al PSOE le toca depurar responsabilidades en las filas de su partido”, ha expresado.

Por su parte, desde el PSOE-Andalucía, Juan Espadas ha trasladado su apoyo y solidaridad a “las personas que se dejaron la piel” por la región. Además ha insistido en que el fallo discordante genera diferentes opiniones jurídicas y por tanto ha señalado que esperarán a ver la sentencia completa para expresar un valoración con mayor profundidad. Aún así, Espadas ha insistido en que ni Chaves ni Griñán se han llevado “ni un solo euro público” a sus bolsillos.

A nivel nacional, la portavoz socialista, Pilar Alegría ha trasladado que el partido ya asumió responsabilidades políticas y que no “se miró para otro lado”. “La puesta en marcha de estos mecanismos lograron salvaguardar empleos, esas fueron las motivaciones de los expresidentes y no otras”, ha defendido.

La trama

Las sospechas iniciaron tras el presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

El sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización.

El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto, que murió en octubre de 2020.

La investigación judicial de la macrocausa arrancó en 2011 en el Juzgado 6 de Sevilla y la primera instructora fue la magistrada Mercedes Alaya, que estuvo sometida a una gran presión y que fue cuestionada por su forma de dirigir la investigación, aunque fue sustituida por su acenso a la Audiencia Provincial por María Núñez Bolaños, quien tampoco ha estado al margen de críticas, y terminó siendo sustituida por el juez José Ignacio Villaplana.

El caso Mercasevilla investigaba la grabación de los empresarios del Grupo La Raza de Sevilla a dos altos cargos de Mercasevilla que les solicitan el pago de 450.000 euros para la concesión de una escuela de hostelería.

Entre las primeras confesiones, el 9 de enero de 2012, Juan Francisco Trujillo, exchófer del director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar “cocaína, fiestas y copas”. 

Dos años después del procesamiento de Chaves y Griñán en 2017, el 19 de noviembre de 2019 la Audiencia de Sevilla condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a los expresidentes socialistas del Gobierno andaluz.

La Audiencia de Sevilla condenó a diez de los altos cargos a penas de entre seis y ocho años de prisión, uno de ellos Griñán (seis años y dos días), y al resto solo a inhabilitación.