Un acuerdo sin precedentes, para una economía con muchos precedentes

Tras más de cinco días de negociaciones en sede comunitaria, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para poner en marcha una movilización de recursos con la que hacer frente a una crisis como la que hoy nos acontece. Una movilización de recursos histórica y que tiene como fin sortear los duros impactos de una crisis sin precedentes en una economía que, como la europea, mostraba una gran vulnerabilidad por la mayor incidencia de la pandemia. Un acuerdo que ha tardado en llegar, dadas las circunstancias, así como las exigencias de ambas partes, pero que, tras ceder en sus posturas, ha llegado y, en parte, como a priori se esperaba.

En este sentido, estamos hablando de un paquete de estímulos, un fondo de reconstrucción que, en adición a los fondos con los que ya contaba España, como el MEDE, y que muy bien resumía en su cuenta de Twitter el investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, cuenta con una cuantía equivalente a 750.000 millones de euros. Una cuantía que supone una de las mayores movilizaciones de recursos europeos de la historia, muy por encima de los destinados en su día por el Fondo de Cohesión. Y es que, pese a las tiranteces entre los países del norte y los países del sur, la imposición de determinadas condiciones ha acabado equilibrando la balanza.

Así, hablamos de un contexto en el que los 750.000 millones que a priori se presentan, deben desglosarse en dos partidas. Por un lado, hablamos de transferencias, en concepto de préstamos, que equivalen a 360.000 millones de dólares y que serán entregados progresivamente y siempre que las entregas estén sujetas a proyectos que sean validados por el Consejo Europeo. En este sentido, hablamos de un 48% del valor del fondo de reconstrucción que, en este caso, sí computaría a la deuda soberana de los países implicados, debiendo devolverse las entregas en el tiempo. Mientras que, por otro lado, el 52% del fondo, será entregado, de igual forma que los préstamos, a los gobiernos como transferencias directas. Transferencias que, en este caso, no computan a la deuda y, por lo tanto, no deben devolverse; eso sí, y al igual que los préstamos, con una condicionalidad importante.

Como vemos, no ha sido una respuesta muy austera la impulsada por los países miembros. Ahora bien, que dicha apuesta no implique austeridad no quiere decir, en ningún caso, que estos fondos vayan a llegar a las distintas economías demandantes. Debido a una serie de desequilibrios macroeconómicos que presentan los países que integran la Unión Europea, los países más ortodoxos, aquellos que han ido reduciendo su deuda progresivamente y que más capacidad de respuesta mostraban, se mostraban reticentes a entregar unas ayudas que, ante los precedentes con los que contaban, no estuviesen sujetas a reformas; máxime en un escenario en el que, atendiendo a los datos, hemos sido testigos de cómo, desde al año 2012, la economía holandesa ha reducido su deuda en la misma proporción que Italia ensanchaba la suya. 

Por otro lado, los países del sur, aquellos que menos disciplina han mostrado en su política de gasto, exigían la entrega de las ayudas, en un principio, sin ninguna condicionalidad que implicase reformas de calado en las distintas economías. Sin embargo, esas reticencias del norte han provocado que, finalmente, las ayudas sí vayan sujetas a esta condicionalidad citada. En este sentido, obligando a España a cumplir con reformas que, como la no derogación y la dotación de mayor flexibilidad al mercado laboral, el cumplimiento del objetivo de déficit, así como la necesaria reducción de la deuda, hacen más sostenible unos desequilibrios que, de seguir ensanchándose, pondrían en peligro la sostenibilidad de una disciplina comunitaria que debe primar sobre el resto de los asuntos. Una disciplina por la que, como decíamos anteriormente, podrían no llegar las ayudas a aquellos países que, en sus intenciones de gasto, no contemplen dichas exigencias.

Para ello, Europa ha establecido la posibilidad de imponer vetos a aquellos países que, a la hora de ejecutar determinados gastos con presupuesto europeo, no presenten un programa viable y que, de la misma forma, sea aprobado por el Consejo. Y es que, como digo, las previsiones que arrojan los distintos organismos multilaterales siguen incrementando el grado del shock que recibirá la economía a final de año, tras conocer los efectos de la pandemia en una economía que se prepara para una contracción sin precedentes. Una contracción que deteriorará las cuentas públicas españolas de tal manera que, la posibilidad de que determinadas formaciones políticas en el gobierno quieran cumplir con sus promesas de gasto, preocupa, y mucho, al conjunto de países homólogos.

Pese a ello, las ayudas que finalmente se aprobaron para España no sufrieron un gran recorte. En este sentido, hablamos de 140.000 millones, de los que 72.000 se entregarán como concesión directa y no computarán a nuestra deuda; 5.000 millones menos de lo que, en este caso, esperaba el Gobierno de España. Por otro lado, hablamos de otros 68.000 millones que, de querer acceder a ellos, en este caso sí computarían a la deuda y deberán ser devueltos en el futuro. Ahora bien, como decía, hablamos de unas ayudas que, para garantizar la correcta gestión de estas, irán sujetas a una condicionalidad, así como a la necesidad de presentar proyectos para acceder a ellas.

Un acuerdo que, en este caso, celebran todos los economistas. Pues hablamos de una ayuda que puede ayudar a España a salir del atolladero en el que se encuentra inmersa, pero también de unos mecanismos que, precisamente, asegurarán que esas ayudas se destinen a la salida de ese atolladero al que hacemos mención, y no a incrementar el gasto superfluo y a la financiación de una política que, ya en campaña, pretendía ensanchar un gasto público que, a la luz de las cuentas que presenta nuestro país, es, a mi juicio, más que insostenible.