El ministro de Seguridad israelí pide pena de muerte para presos palestinos ante la superpoblación carcelaria

El ministro de Seguridad israelí pide pena de muerte para presos palestinos ante la superpoblación carcelaria

Matarlos es la "solución", dice el ultra Itamar Ben Gvir. 

Itamar Ben-Gvir, en Kiryat Malachi, visitando la escena de un tiroteo, el pasado febrero.Mostafa Alkharouf / Anadolu via Getty Images

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha pedido la pena de muerte para los presos palestinos como "solución" a la superpoblación en las cárceles, que están experimentando problemas de espacio a raíz de las intensas campañas de detención realizadas por el Ejército israelí desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre.

"Me alegro de que el Gobierno haya aprobado mi propuesta que permitiría a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) construir 936 (en total 1.600) plazas adicionales para presos de seguridad. (...) La pena de muerte para los terroristas es la solución correcta al problema del encarcelamiento, hasta entonces, estoy contento de que el Gobierno haya aprobado la propuesta que traje", ha publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

En ese sentido, Ben Gvir ha explicado que estas plazas adicionales permitirán a las prisiones israelíes "acoger a más terroristas" a la par que se aporta una "solución parcial".

Cabe destacar que los "presos de seguridad" a los que se refiere el ministro son aquellos detenidos que son sospechosos o que han sido condenados por cometer delitos contra la seguridad israelí de carácter "nacionalista", según la ONG Adalah (Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel).

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A principios de marzo, las autoridades israelíes tuvieron que liberar a los detenidos administrativos que les quedase un mes de detención por falta de espacio en las cárceles. Es un tipo de detención arbitraria de palestinos utilizada por el Ejército de Israel y que puede renovarse indefinidamente basándose en información secreta bajo la presunción de que los arrestados podrían cometer un delito en algún momento en el futuro, según han denunciado varias ONG de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) o la organización pacifista israelí BTselem.