América Latina : con un sistema judicial moderno ganamos todos
La tecnología está cada vez más presente. El modesto dispositivo electrónico en el que está leyendo estas líneas (y en el que yo las redacté ) tiene más memoria y más funciones que las computadoras más poderosas de hace apenas algunos años.
En América Latina ya hay más den 450 millones de personas suscritas a servicios de telefonía móvil.
Con este acceso a la tecnología, resulta sorprendente que —pese a las reformas puestas en práctica en las últimas dos décadas— en muchos de los sistemas judiciales de nuestro continente los documentos todavía se escriban en viejas máquinas de escribir y se almacenen en papel, lo cual resulta, además de engorroso y poco práctico, sumamente caro.
Este rezago tecnológico se refleja también en la asignación de expedientes a los tribunales respectivos, en la lentitud para aportar pruebas y hasta en la demora en la entrega de documentos, como una citación a declarar o un boleta de excarcelación.
Estos retrasos, además, casi nunca tienen consecuencias para los funcionarios responsables por ellas.
Las limitaciones en los sistemas de justicia tienen impacto real en la vida de mucha gente y, además, ponen en peligro la razón misma de ser del sistema judicial: es decir, que la justicia llegue de modo eficiente, rápido y oportuno a todos los ciudadanos. En otras palabras, una justicia lenta no es justicia.
Lo peor es que, en general, los que más sufren con la morosidad judicial son los ciudadanos más vulnerables, sin capacidad financiera para hacer frente a los costos que implica contratar abogados, o que simplemente no pueden darse el lujo de perder días de trabajo para hacer trámites judiciales.
Otro punto que pesa en contra de los sistemas judiciales tradicionales, es el de la falta de credibilidad.
En pocas palabras, hay poca confianza de los ciudadanos de América Latina en la justicia. La burocracia de papel es poco transparente, lenta y escasamente confiable. Todo esto representa un gran obstáculo al desarrollo.
El costo de estas ineficiencias es difícil de estimar, pero está claro que se traducen en empresas que aumentan sus márgenes para protegerse de la inseguridad jurídica, o que simplemente no emprenden proyectos de inversión, y ciudadanos que aceptan malos arreglos para evitar la vía de los tribunales, entre otras consecuencias no deseables para la sociedad.
En FONPLATA estamos financiando el programa Justicia 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, orientado a una justicia más moderna, equitativa y transparente, a través de la modernización de los registros y de la realización de trámites en línea con una plataforma de participación ciudadana.
El programa busca también fomentar los juicios orales para reducir los plazos procesales. Algunos casos de menores implicaciones podrán ser solventados en tan sólo algunos días y sin la burocracia actual.
Además, se favorecerá la humanización de la justicia, con una relación más cercana del juez con las partes en litigio. Naturalmente, todo esto requiere cambios en la estructura física de los tribunales y la actualización de la tecnología para grabar y almacenar los archivos digitales.
Una modernización efectiva de la justicia, tanto en Argentina como en el resto de la región, permitirá destrabar procesos estancados en trámites sin fin, darle a un ama de casa las mismas herramientas que a una gran corporación, y solucionar en pocos días procesos que ahora tardan años.
Es una forma de apoyar a la justicia para que avance y se acerque a las demandas de la sociedad civil en materia de transparencia e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
