500 vacas 'okupan' los pasos y reavivan un eterno conflicto entre Asturias y Castilla y León
El pugna tiene su raíz en la legalidad de que un ayuntamiento pueda ser propietario de terrenos fuera de su término municipal.
Un curioso suceso con medio centenar de vacas okupas, es decir, que se fueron a pastar a unos terrenos en los que no tenían permiso para hacerlo, ha abierto viejas heridas entre dos comunidades autónomas por la propiedad de determinados territorios. El conflicto se ha dado, en concreto, entre el municipio de Mieres (Asturias) y las juntas vecinales de Babia (León).
Las vacas que presuntamente han cometido esta ilegalidad estabn en el Puerto de Pinos, un territorio que pertenece a León pero en un terreno que compró hace un siglo Mieres a Babia. La cuestión es que, legalmente, un ayuntamiento puede ser propietario de terrenos fuera de su término municipal, pero, en cambio, lo que no es legal es desarrollar servicios propios fuera del ámbito competencial de tu municipio, como parece ser que ha ocurrido en este caso. Esta situación, que parece sacada del medio, es totalmente actual, de hecho, ha sido reafirmada una y otra vez por los tribunales y ha provocado múltiples conflictos para los que aún no se ha dado con una solución.
La propia Consejería de Agricultura de Castilla y León ha iniciado un expediente sancionador "por falta de vigilancia y control de un número de vacas presentes en el Puerto de Pinos sin la preceptiva autorización", según señala. Y la Guardia Civil solicitó la identificación de 21 animales presentes en la zona a la Unidad Veterinaria de Villablino, quien comprobó que su código de pastos corresponde al vecino puerto de los Hidalgos y que habían excedido su autorización. Mientras tanto, el servicio territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha pedido a los ganaderos que trasladen las reses okupas a la zona autorizada y que extremen la vigilancia sobre los animales, independientemente de la apertura del expediente sancionador.
La polémica ha llegado incluso al sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y una sentencia del pasado febrero de este año daba la razón a la parte leones exponiendo que Mieres no puede, como supuestamente había hecho, celebrar una fiesta local en territorio leonés, por mucho que sea propietaria del terreno. E incluso llegaba a acusar a Mieres de "vulneración del principio de lealtad institucional" con la amezaza de "la expropiación" en beneficio, en concreto, del Ayuntamiento leonés de San Emiliano de los citados montes" si se volvía a producir un suceso similar.
