Pedraz critica la falta de colaboración de islas Vírgenes para detectar a los infractores de Telegram
El juez Santiago Pedraz aclara en un auto que la suspensión de la aplicación es "la única solución posible" dado que el gobierno insular ni siquiera ha comunicado a la empresa la petición judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado suspender de manera cautelar Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Según el auto al que ha tenido acceso El HuffPost, el magistrado ha acordado esta medida cautelar por un presunto delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual en diversos canales creados en la aplicación de mensajería.
Pedraz subraya en su resolución que esta medida es "necesaria, idónea y proporcional" y que "no existe alternativa" que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados debido a que las autoridades de las islas Vírgenes -domicilio social de la matriz de la app- no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas presuntamente 'infractoras'.
En este sentido, en el auto se destaca que "solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram" y explica que para el buen fin de la instrucción resulta necesaria la práctica las diligencias contenidas en la comisión rogatoria remitida a Islas Vírgenes.
Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional insiste en que, por el momento, las autoridades habrían hecho 'oídos sordos' a la comunicación judicial y no hay noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación. En consecuencia, quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación.
Asimismo, Santiago Pedraz ha establecido el plazo de investigación judicial de esta causa en seis meses computados desde el próximo 29 de marzo de 2024, de manera que el plazo ordinario de investigación judicial finalizará el 29 de septiembre de este mismo año.
Por el momento, las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en España ya han recibido un mandamiento para que en el plazo de tres horas desde la recepción de la comunicación judicial procedan a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.