Desarticulada la red de fraudes digitales con el que la banda se apropió de más de 700.000 euros, monitorizando en tiempo real los datos bancarios de sus víctimas.
Amnistía Internacional publica un informe en el que reclama “controles estrictos del uso” y un “tratado global” para regular el comercio del material disuasivo.
Llevó a cabo decenas de violaciones en los últimos 17 años, aplicando una "campaña de terror" a sus víctimas, un "intocable" en su puesto hasta enero pasado.