Gamarra reclama a García Ortiz que acuda al Congreso para explicar su reunión con el fiscal del Tribunal Supremo, tras la que, según 'El Mundo', cambió su criterio inicial sobre el 'caso Tsunami'.
El juicio arranca este lunes con la declaración de la víctima, tras no haber llegado a un acuerdo entre las partes. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el internacional brasileño y el pago de una indemnización de 150.000 euros.
Una elevación al Supremo "totalmente injustificada", una "significativa falta de argumentos" y "decisiones contradictorias": todo lo que el ministerio fiscal tiene que decirle al magistrado.
La Justicia le ha impuesto ocho años de libertad vigilada y le ha prohibido aproximarse a menos de 100 metros de la víctima o comunicarse con ella durante un tiempo de quince años.
Paz Esteban conectará este viernes por videoconferencia con el juez de Barcelona que instruye el caso, al día siguiente de que se revelase que el Supremo autorizó el pinchado porque Inteligencia creía que dirigía a los CDR.
La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos adelanta que no se puede "adoptar una posición sobre un proyecto de ley", dejando claro que la norma sí podría tener consecuencias para el futuro.
Una sentencia del alto tribunal anuló el Real Decreto por el que fue promovida a la máxima categoría de la carrera fiscal y se la nombró fiscal de Sala de la Fiscalía togada del Tribunal Supremo.
El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez cuestiona que se le haya imputado en base a unos "garabatos" de las agendas de Villarejo sin que ningún testigo ni investigado le haya mencionado en relación a los hechos.
Se trata de una memoria USB de 64 gigas de capacidad. Asegura que tiene pruebas de que algunos de los investigados entregaron cantidades económicas con el fin de que sus negocios tuvieran un trato de favor.
El excomisario, condenado a 19 años de cárcel por delitos como revelación de secretos, considera que la publicación de sus "notas de inteligencia" están siendo "utilizadas políticamente" por el Gobierno "para justificar la ley de amnistía".
El alto tribunal se desmarca de la sentencia del Supremo que ordenaba volver a juzgar al coordinador general de EH Bildu y a otros cuatro acusados por el intento de reconstruir Batasuna.
El excomisario jefe de los Mossos señala que "comprobar que otros funcionarios y cargos públicos me perseguían es indignante, frustrante y decepcionante".