El dilema de la financiación catalana
"El propio Feijóo reconoció cuando presidía Galicia que entraba dentro de la normalidad la opción catalana de reclamar un pacto fiscal, al margen del sistema general".
Que Cataluña está infrafinanciada es una obviedad. Con independencia de que exista una reclamación histórica en tal sentido,que cultivó por cierto el socialista Pasqual Maragall al protestar reiteradamente por la injusticia de las balanzas fiscales catalanas y al reclamar el criterio de ordinalidad (aquel principio por el que cada comunidad autónoma debe mantener la misma posición que dicte su renta per capita, esfuerzo fiscal o cualquier otra magnitud económica que se determine, en el reparto de los tributos del Estado), es evidente que la concesión al Principado de nuevas competencias, como las prisiones, y el reconocimiento de un déficit histórico en dotaciones e infraestructuras, obligaría a revisar el modelo actual, que es de 2009, y está plasmado en la última versión de la LOFCA (revisión de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas). El modelo común al que están acogidas 15 de las 17 comunidades autónomas (las otras dos son los territorios forales) otorga al Estado la capacidad recaudatoria sobre la totalidad del Impuesto de Sociedades, el 50% del IRPF y el IVA. El Estado financia sus propios gastos y el resto de los recursos es distribuido de acuerdo con un índice de ponderación que tiene en cuenta numerosos factores, como población, extensión, edad media, población juvenil, etc. Lógicamente, este modelo debe ser revisado periódicamente para registrar los cambios sucesivos, pero no se ha hecho hasta ahora, de modo que los desajustes actuales son considerables.
Los dos territorios forales -Euskadi y Navarra-, en cambio, amparados por la disposición final primera de la Constitución, recaudan todos los impuestos y entregan al Estado un cupo equivalente a los bienes y servicios que este proporciona a la comunidad en cuestión, incorporando además el criterio de redistribución. La diferencia con el modelo anterior es evidente, pero no se puede decir a priori que uno sea más justo y equitativo que el otro, aunque en la práctica vascos y navarros disfruten de una situación privilegiada.
Cataluña, una de las grandes comunidades históricas, rechazó sin embargo en la etapa constituyente la posibilidad de ser tratada como Euskadi y Navarra. Pujol pensaba que hablar de foralidad a aquellas alturas era un anacronismo y prefirió someterse al régimen general. Sin embargo, con el cambio de milenio y la tensión que se creó entre Barcelona y Madrid durante la segunda legislatura de Aznar, el nacionalismo catalán cambió de opinión.
El 20 de septiembre de 2012, Mariano Rajoy, quien desde el 21 de diciembre presidía el gobierno de la nación con mayoría absoluta, se entrevistó con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuando las relaciones ente Barcelona y Madrid estaban materialmente rotas después de que el Partido Popular hubiera hecho una durísima campaña en todo el Estado contra la reforma del Estatuto de Cataluña y hubiese presionado hasta el límite de sus posibilidades al Tribunal Constitucional para que echara por tierra la nueva carta catalana de 2006, como efectivamente ocurrió. La sentencia del TC sobre el Estatuto fue hecha pública el 28 de junio de 2010, mucho después de que el pueblo de Cataluña hubiera ratificado el estatuto en referéndum, y fue interpretada por los nacionalistas como una declaración de guerra contra Cataluña.
Las visita de Artur Mas al presidente del Gobierno tenía por objeto proponerle negociar un Pacto Fiscal, un término sin respaldo jurídico concreto pero que señalaba al modelo vasconavarro. Ya que había fracasado el intento de que Cataluña resolviera sus aspiraciones ‘nacionales’ por la vía de la reforma estatutaria, que era la constitucionalmente más correcta, el nacionalismo catalán ensayaba una reivindicación diferente.
Pues bien: la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas fue un rotundo fracaso. Rajoy salió de su proverbial pasividad y zanjó con crudeza las pretensiones del otro, que salió de la entrevista indignado. Los ánimos estaban muy encrespados en Cataluña y el independentismo ya se manifestaba descarnadamente. El propio Jordi Pujol, siempre tan moderado, lo enarbolaba desde su posición de jubilado. El primer periódico de Cataluña relataba así el episodio a las pocas horas de producirse: “La reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat catalana ha terminado en un desencuentro absoluto sobre el pacto fiscal. Rajoy ha comunicado a Mas que no cree en el pacto fiscal y que tampoco tiene margen para llevarlo a cabo. Así, el dirigente catalán ha emplazado a tomar decisiones tras el debate de política general que tendrá lugar en el Parlament la próxima semana y ha dejado abiertas todas las vías, incluida la de adelantar las elecciones. Todas menos una: la ruptura total con España, porque ‘esto en Europa no se entendería’, ha reconocido”.
La inoperancia del gobierno Rajoy, cómodo en su mayoría absoluta, fue total. No hubo el menor gesto para resolver un conflicto con Cataluña que crecía y se complicaba a ojos vista. En noviembre de 2014 tuvo lugar la primera consulta a los catalanes, un improvisado referéndum informal celebrado al margen de las normas vigentes, y en octubre de 2017 estalló la gran querella, con la promulgación de las leyes de desconexión por el parlamento de Cataluña y la celebración de otro referéndum, la aplicación del artículo 155C.E. y la judicialización del problema…
Cuando años después, en 2018, Rajoy fue descabalgado por una moción de censura, Cataluña estaba en carnazón y ha sido necesario derrochar mucha mano izquierda y grandes dosis de sentido común para encarrilar, que no resolver todavía, un problema que podía haberse cronificado, con consecuencias muy negativas para el bien común y la prosperidad de este país. Los indultos a las personas encarceladas por el ‘procés’ y la posterior amnistía han pacificado Cataluña y han devuelto la serenidad al Principado, como lo demuestra el hecho relevante de que los nacionalistas ya no alcanzan la mayoría parlamentaria.
En 2017, una comisión de expertos creada ad hoc por la conferencia de presidentes redactó un “informe para la revisión del modelo de financiación autonómica”, que no llegó a debatirse. Ahora es el momento de revisar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que ha de reconsiderarse cada quinquenio (vamos con gran retaso), para reparar los desequilibrios y restaurar la equidad. Ello ha de hacerse, como es lógico, en un marco multilateral y por consenso. Pero no tiene por qué ser incompatible esta revisión con un pacto fiscal para Cataluña (y para otras comunidades que lo soliciten) que equivalga procesalmente al modelo foral. Se supone que no hay privilegio en ninguno delos dos modelos, y el propio Feijóo reconoció cuando presidía Galicia que entraba dentro de la normalidad la opción catalana de reclamar un pacto fiscal, al margen del sistema general.
Por eso no se entiende muy bien que el PP haya puesto nuevamente el grito en el cielo para enfrentarse sin matices a las pretensiones en principio legítimas de los catalanes.
