Nos encontramos ante un escenario de retos compartidos sin precedentes en la historia de la humanidad. El cambio climático, la digitalización, la seguridad, y también otros ámbitos menos evidentes como la protección social, la igualdad o la fiscalidad justa no entienden de fronteras, ni pueden ya ser afrontados con propuestas individuales de cada Estado.

Este Gobierno ha hecho bandera del multilateralismo basado en reglas. Apoyamos a organismos internacionales para impulsar una gobernanza compartida del mundo, promovemos la concertación e integración regional y desplegamos todos nuestros esfuerzos diplomáticos para diseñar soluciones conjuntas ante los desafíos que nos acucian a todas y todos.

Nuestras administraciones públicas tienen un peso importante en este esfuerzo. Más de cien instituciones españolas cooperan mano a mano en estos momentos con instituciones de otros países, una dimensión poco conocida de nuestra cooperación internacional. Comparten experiencia y conocimiento para el diseño de políticas públicas efectivas, crean comunidades de prácticas, redes y mecanismos de cooperación especializadas entre naciones. Este despliegue implica no solo a altos cargos de la administración, sino que se construye sobre la cooperación especializada entre los equipos técnicos. Ellas y ellos conforman nuestro talento público para el mundo. Son personas comprometidas con el valor de lo público, y salen al exterior a compartir su experiencia con la convicción de que muchos de los retos globales solo podrán ser resueltos con sistemas públicos a la altura de las circunstancias. No dan lecciones, aportan humildemente su experiencia en la aplicación de políticas públicas con el fin de generar insumos para las reformas de sus homólogos. No hablamos solo de normas y leyes, también se trata de instituciones sólidas y eficaces. Solo ellas podrán conseguir, al fin y al cabo, hacer efectivas las políticas y garantizar que alcancen a todas las personas, en todos los territorios, y perduren en el tiempo.

Este intercambio directo es un camino de ida y vuelta. Tiene un retorno también para España. Por una parte, permite un tejido relacional que facilita enormemente la colaboración con otros países, alianzas que perduran más allá de las actividades de cooperación específicas. Por otro lado, el aprendizaje de las personas que se desplazan al exterior revierte en nuevas perspectivas en sus administraciones de origen, nuevas formas de ejercer sus competencias. La experiencia adquirida en el exterior constituye un valioso acelerador de la innovación en nuestras administraciones, mejorando las políticas públicas para la ciudadanía española y fomentando valores compartidos con nuestros socios internacionales.

Trabajar para mejorar las políticas públicas y la capacidad de las instituciones es una garantía para el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas, una condición para un desarrollo socioeconómico sostenible y una palanca para la cohesión social y territorial en la que se fundamentan nuestros sistemas democráticos.

Hoy, 23 de junio, Día Internacional de la Administración Pública, me gustaría poner en valor el rol de nuestras instituciones en la acción exterior de nuestro país. Ellas son parte de la marca España y una pieza clave en la propuesta de desarrollo global de la Unión Europea: un mundo conectado y gobernado por los valores de la democracia y del Estado de derecho, en el que los sistemas públicos y las instituciones garanticen que nadie se quede atrás. 

José Manuel Albares Bueno es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación