La Abogacía del Estado se suma a la Fiscalía y pide a Llarena perseguir a Puigdemont por desórdenes públicos
Considera que debe incluir este delito "por el que puedan ser enjuiciados los procesados en situación de rebeldía, junto a los de desobediencia y malversación".
La Abogacía del Estado ha recurrido este miércoles el auto dictado la semana pasada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que también persiga al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de desórdenes públicos agravados, respetando la decisión del instructor de pedir su busca y captura por desobediencia y malversación agravada.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del Estado Rosa María Seoane solicita a Llarena que incluya los desórdenes públicos agravados como delito "por el que puedan ser enjuiciados los procesados en situación de rebeldía, junto a los de desobediencia y malversación".
Al margen, Seoane reprocha a Llarena que dedicase "buena parte" de los fundamentos jurídicos de su auto a valorar la "oportunidad y corrección" de la reforma penal por la que se deroga el delito de sedición --por el que estaba procesado Puigdemont-- y se modifica el de malversación.
El recurso de reforma de la Abogacía tiene lugar después de que ayer martes los fiscales del 'procés' pidieran también a Llarena que persiguiera al expresidente catalán por el delito de desórdenes públicos agravados, además de por desobediencia y malversación agravada.
Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que entró en vigor el pasado jueves. Ese mismo día, el magistrado del Supremo acordó cambiar la desaparecida sedición por desobediencia --descartando que los hechos encajaran en el delito de desórdenes públicos agravados-- y mantener la malversación agravada --desechando las nuevas versiones atenuadas--.
Esta petición de la Abogacía del Estado se suma a la de la Fiscalía, que también considera que la reforma penal que convirtió el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados permite atribuir al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, huido de la Justicia, este último tipo penal, además del de malversación en su modalidad más grave.
