Abolir la prostitución, un "compromiso pendiente" de Sánchez que vuelve al debate político

"Yo tengo, todavía, algo pendiente". Pedro Sánchez no escondió que la tarea en la que se comprometió, la de abolir la prostitución por ley, volvió a quedarse olvidada y estancada en el Congreso de los Diputados, pese a que se llegara a debatir en la Cámara Baja.

El adelanto electoral anunciado el pasado 29 de mayo por el propio presidente del Gobierno terminó con cualquier esperanza de que el Ejecutivo progresista sacara adelante una de las tareas que se habían fijado durante su investidura en 2020.

Una cuenta pendiente que vuelve a aparecer en el centro del debate político después de que Sánchez avanzara este sábado que registrará una proposición de ley para abolir la prostitución.

"Nosotros ayer aprobamos una Ley de trata importante. Yo, todavía, tengo algo pendiente del Congreso socialista. Un compromiso y es el de la abolición de la prostitución. Quiero deciros que dentro de poco el Grupo Parlamentario Socialista presentará un proyecto de ley para que la abolición sea una realidad en nuestro país", aseguró.

Una norma olvidada

La iniciativa que el presidente del Gobierno anunció este sábado no es nueva. Es algo a lo que se comprometió en octubre de 2021 durante su intervención en la clausura del 40 Congreso del PSOE en Valencia.

Pero, casi tres años después, la situación sigue siendo la misma. Pese a los intentos por sacar adelante la norma, las Cortes Generales no consiguieron el objetivo final y nunca llego a aprobarse.

En mayo de 2022, los socialistas registraron un texto en el que contemplaban penas de hasta 4 años de cárcel para los dueños de los prostíbulos y para aquellos que se aprovechan de la explotación sexual que siguen sufriendo miles de mujeres en España.

En aquel momento, fue la, entonces, vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la que justificó que se trataba de una "grave violación de los derechos humanos".

Una travesía infinita en el Congreso

Meses después de dar a conocer la propuesta, el PSOE logró alcanzar la mayoría necesaria para que el Congreso de los Diputados admitiera a trámite la ley para abolir la prostitución. Lo hizo, ni más ni menos, que con el apoyo del PP.

Dos años después de aquel importante paso, con el que se empezaba su andadura en la Cámara Baja, todo quedó paralizado por completo, hasta el punto de volver a la casilla de salida.

En septiembre de 2022, el Congreso terminó rechazando que se regularizara la prostitución y dejó abierta la puerta a aprobar una legislación para prohibir el proxenetismo.

Con las elecciones generales anticipadas anunciadas por Sánchez el 29 de mayo se esfumó cualquier posibilidad de que el Congreso de los Diputados diera a la norma el visto bueno definitivo. 

Aparcado en el acuerdo de legislatura

Aunque el pasado mes de enero fuentes socialistas ya aseguraron a Europa Press el objetivo de retomar la proposición de ley contra el proxenetismo de la pasada legislatura, no aparece en ningún punto del acuerdo de legislatura con Sumar. 

"España no puede seguir liderando el consumo de prostitución. Somos un partido abolicionista, para el que no es admisible que la prostitución y la explotación sexual de las mujeres sigan existiendo en una democracia plena. Es necesario crear una conciencia colectiva a este respecto", aseguraron los socialistas en la Convención Política que celebraron en el primer mes de 2024 en A Coruña.

Pese a aparecer en el programa electoral del PSOE en los pasados comicios generales, la prostitución y la gestación subrogada son dos de las materias que quedaron fuera del acuerdo PSOE-SUMAR.

Para sacar adelante la norma, en el caso de que sea debatida en el Congreso, los socialistas seguirán necesitando el respaldo del PP para sacarla adelante, aunque tienen como antecedente el apoyo de los populares en la votación de 2022.

Cuál es la propuesta del PSOE

La proposición de Ley que los socialistas registraron la pasada legislatura contaba con una modificación del artículo 187 del Código Penal para que "castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación".

El cambio implicaría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución.

Además, contaba con una tercería locativa que pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o local para favorecer el ejercicio de la prostitución. Es decir, a los dueños de los clubes, locales y pisos donde las mujeres ejercen esta práctica.

Con ella también se multaba a los clientes de prostitución, es decir, a "las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos". Concretamente, establecía una multa de 12 a 24 meses, que se elevaba a prisión de 1 a 3 años y multa de 24 a 48 meses si la persona que presta el acto sexual es menor.

Dentro de esta iniciativa no había ápices de que incluyera medidas contra la pornografía, aunque Sánchez avanzó hace unos meses que tomarían cartas en el asunto.

Ahora todo vuelve a arrancar con la propuesta de ley del PSOE. La abolición de la prostitución, olvidada durante tanto tiempo, regresa al centro del tablero político tras haber sido una de las normas más olvidadas.