La asociación mayoritaria de jueces anuncia que no firmará con Justicia la "indigna" subida de 450 euros
Consideran que el acuerdo es "insuficiente, indigno e inaceptable" y "va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces".
La judicatura se parte a días del esperado acuerdo con el Ministerio de Justicia. La entidad mayoritaria de los jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha anunciado que se desmarca de las otras seis y no firmará con Justicia el acuerdo sobre la mejora de las condiciones laborales de la carrera judicial y fiscal.
Para la APM, el texto, que contempla una subida de 450 euros al mes, es "insuficiente, indigno e inaceptable" y, a su juicio, "va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces".
Así se ha pronunciado este viernes la asociación en un comunicado de 11 folios adelantado por Europa Press. Su posición oficial llega 24 horas después de la quinta reunión entre las partes en la Mesa de Retribuciones.
A la salida del encuentro, la APM ya apuntaba que no descartaba ningún escenario y que hasta el momento de la firma había "tiempo de acercar posiciones". Sin embargo, la reflexión ha ido por el lado contrario, asegurando que no van a firmar "por varias razones".
"La decisión que hemos adoptado no ha sido fácil, sabemos que es una decisión comprometida y, seguramente, difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo", han señalado desde la APM.
Aunque seis de las siete asociaciones han accedido a la propuesta, solamente dos de ellas —Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, ambas de corte progresista— se han mostrado satisfechas con la oferta.
Las otras cuatro —Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— han asegurado que "la propuesta no es en absoluto satisfactoria", que no colma sus "legítimas reivindicaciones económicas y que no atiende las "necesidades de inversión en medios de Justicia que los ciudadanos demandan".
