El CGPJ tiene ya 80 sillas vacías
El bloqueo provoca que se dicten 1.230 sentencias menos que el año anterior.
El Consejo General del Poder Judicial cuenta desde este jueves con 80 vacantes: 22 en el Supremo, 33 en Tribunales Superiores, 24 en Audiencias Provinciales y 1 en la Audiencia Nacional. Y la situación puede empeorar más debido a las pocas expectativas de renovar el CGPJ antes de las elecciones.
Esta cifra se ha alcanzado con la jubilación del magistrado Miguel Colmenero, de la Sala de lo Penal del Supremo, la única que permanecía indemne en el alto tribunal.
Sin expectativas de renovación
En pleno arranque de la precampaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, las expectativas de renovar el CGPJ son casi inexistentes. Y más teniendo en cuenta que a finales de año se celebrarán las elecciones generales.
Además, también influye que sigue en vigor la ley promovida por el Gobierno que prohíbe al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos cuando está en funciones, en este caso desde diciembre de 2018.
En el mes de febrero se celebró un pleno extraordinario del CGPJ para tratar este problema. Sin embargo, no se logró sacar adelante ningún plan, ni el planteado por la Comisión Permanente ni el texto alternativo de dos vocales.
La propuesta de la Permanente urgía al legislativo a renovar el Consejo o la devolución de las competencias para hacer nombramientos. El plan B solicitaba a las Cámaras que se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas salas.
Menos sentencias
El Supremo estima que en 2023 solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos. Esto supone 570 menos en Contencioso y 660 en Social que el año anterior.
La reducción de las sentencias se debe a la gran cantidad de vacantes: 12 en lo Contencioso, 5 en lo Social, 2 en lo Militar, 2 en lo Civil y 1 en lo Penal, casi un 30%, según datos facilitados a EFE por el Consejo.
