El apagón generalizado que vivió la gran parte de España y toda Portugal este lunes ha encendido la mecha sobre una situación que en un punto muy concreto del país se lleva viviendo desde octubre del año 2020. Se trata de la Cañada Real.

La inédita situación con el corte de electricidad de entre seis y doce horas del pasado 28 de abril poco tiene que ver con los más de cuatro años de suspensión del suministro en esta zona de la Comunidad de Madrid.

Pocos meses después de que arrancara la desescalada contra la pandemia del covid, en el mes de octubre de ese año, Naturgy decidió poner fin a la distribución energética. Un apagón que se ha alargado durante casi un lustro y sin viso alguno de solución.

Las cifras son demoledoras. Unas 4.000 personas, entre ellas, más de 1.800 menores de edad, se quedaron sin luz. La empresa energética alegó que el corte de suministro se produjo porque había enganches a la luz para el cultivo de marihuana. Los vecinos denunciaron que ellos no tenían nada que ver con estas prácticas y exigieron medidas concretas, sin cortar la electricidad a los hogares afectados.

La Comunidad de Madrid todavía no ha tomado ninguna medida y algunas instituciones nacionales e internacionales han reclamado en varias ocasiones, “con carácter inmediato y urgente”, que se ponga fin a la gravísima situación que se sigue viviendo en el sector 6.

El Consejo de Europa lo considera una violación de la Carta Social Europea

El Consejo de Europa ha dejado claro lo que está ocurriendo con la situación de la Cañada Real. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) estudió la reclamación colectiva que presentaron varias organizaciones no gubernamentales por lo ocurrido en Cañada Real Galiana.

El Comité aseguró el pasado mes de febrero que España ha infringido múltiples elementos de la Carta Social Europea Revisada. Reclaman que las miles de personas afectadas deben tener acceso "estable, constante y seguro a una energía adecuada".

En su decisión, explicó que los Estados no pueden "externalizar" sus obligaciones en materia de derechos humanos a las empresas privadas y deben garantizar los derechos de la Carta. 

"Cuando las personas tienen acceso irregular o no tiene acceso alguno a la energía durante un período prolongado de tiempo, son 'pobres energéticamente', una situación que plantea serias preocupaciones en términos del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social establecido en la Carta", añadió.

"No hay justificación a la falta de suministro eléctrico"

La resolución del Consejo de Europa ha sido el primer pronunciamiento de las instituciones europeas. En España, el Defensor del Pueblo reclamó, desde el primer momento, que se devolviera el suministro "con carácter inmediato y urgente".

En diciembre de 2020, el organismo liderado por Francisco Fernández Marugán, ya remitió un escrito a la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno con la exigencia de que solucionaran el corte de luz.

"Más allá de esta solución urgente, también recomienda a ambas administraciones que diseñen una estrategia conjunta que permita regularizar el suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana y "garantizar así el derecho a un suministro eléctrico accesible y legal en tanto estas personas permanezcan en sus hogares", aseguró la institución.

Tras la contundente denuncia del Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aseguró que "no hay justificación a la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana".

"Esto no es sostenible y no es digno que ocurra. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales constituye una contundente llamada a España hacia la urgente necesidad de restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real, ello afecta a derechos fundamentales. Nos sentimos todos concernidos con esta llamada de atención", razonó.

"La situación en la Cañada Real Galiana, sobre todo en los sectores 5 y 6, es insostenible, de emergencia humanitaria y requiere una solución urgente, por, entre otras carencias, la falta de suministro eléctrico", aseguró.

"Seguimos igual, en la oscuridad, con velas, con baterías, como si no existiéramos"

"Luz, contratos y mesa de seguimiento", esa es la reivindicación que hace la Plataforma Cívica Luz Ya para Cañada Real. Una organización que se creó un año después del corte para dar "una respuesta valiente y solidaria ante esta situación desesperada".

"La falta de acceso a la electricidad en Cañada Real no solo afecta la comodidad, sino que resulta de un abandono institucional que priva a la comunidad de recursos y servicios básicos. Esta situación fuerza a la población a la marginalidad, generando graves repercusiones en la vida cotidiana como la conservación de alimentos, la protección ante el frío o el calor, la escolarización, la seguridad o la atención sanitaria", señalan.

La presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector 6 de la Cañada Real Galiana, Houda Akrikez, explicó, en declaraciones a Europa Press, que el apagón de este lunes nos ha generado "sentimientos encontrados".

"Fue como si, por un instante, toda España sintiera lo que nosotras vivimos a diario. Pero también fue doloroso porque, al final, todo volvió a la normalidad para ellos, y para nosotras no cambia nada. Seguimos igual, en la oscuridad, con velas, con baterías, como si no existiéramos", ha expresado

Houda Akrikez ha hecho un llamamiento a que se solucione la grave situación en la Cañada Real y ha lamentado que el Gobierno consiguiera restablecer este lunes el suministro eléctrico "en cuestión de horas" mientras que en la Cañada Real llevan más de cuatro años sin él.

"Qué fuerte que el Gobierno español, que el Estado en su conjunto ha podido movilizarse, para que el suministro se vuelva a restablecer de manera inmediata y lo han conseguido en cuestión de horas. ¿Por qué en la Cañada Real no se puede hacer lo mismo?", ha planteado.