El estupor de los juristas ante la condena al fiscal general: "Se abre un futuro negro"

La condena al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo ha sumido a buena parte de los expertos en derecho procesal y constitucional, al mundo jurídico en general, en una suerte de incredulidad aturdida. "El Supremo ha trasladado la idea de primero decidimos y luego ya nos inventamos algo que parezca que la decisión es jurídica. Eso es lo que se transmite a la sociedad, la negación de todo lo jurídico", arguye por teléfono un tan preocupado como sorprendido Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010. "Me parece terrible", denuncia Urías en conversación con El HuffPost.

Más allá de la conclusión a la que ha llegado el Supremo, que tampoco comparte, Urías hace mucho hincapié en las formas, en el porqué de que los magistrados hayan decidido hacer pública la condena sin siquiera tener escrita la sentencia. "Es una muy mala práctica. Es imposible llegar a una pena sin una argumentación escrita. Pueden decir que la han hecho oral, pero no es lo mismo. Cuando escribes, y yo he redactado muchas sentencias, cada palabra es importante para llegar a una conclusión", explica Urías. "Lo que han hecho aquí es: 'Tenemos una decisión, ya tomada, y luego nos inventaremos los argumentos'. Da mucho miedo y mucha pena", añade.

Si no comparte la condena al fiscal general del Estado, argumenta Urías, no es porque sea el fiscal general del Estado, sino por la ahora discutida presunción de inocencia. "En España la inocencia no se demuestra, se tiene; lo que hay que demostrar es la culpabilidad. Para condenar a alguien, hay que tener pruebas. Y se queda una mínima duda, entonces se mantiene la inocencia. Yo no digo que sea inocente o no, pero sí que en el juicio no se han presentado evidencias de que no lo sea", comenta el exletrado.

Según Urías, habría bastado con que uno solo de los periodistas que se sentó ante los magistrados hubiese declarado que sí, que el fiscal general del Estado les filtró el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos de fraude fiscal. "Si hubiera habido un periodista que confesase que fue el fiscal, eso ya sería una prueba de cargo", argumenta Urías. Pero no fue así. Los periodistas que primero publicaron esta información aseguraron en el Juzgado que no fue Álvaro García Ortiz. Es más, algunos afirmaron haber tenido acceso a la información antes incluso que el propio fiscal. Pero no parece que el Supremo haya escuchado. Como comenta Urías, "lo que diga un testigo no se valora por quién es el testigo, sino por el contenido de lo que dice; y en este juicio parece que solo creían a los testigos si se ajustaban sus declaraciones a sus creencias y, si no, no".

Anoche, en la Cadena SER, Emiliano Borja Jiménez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, emitió una opinión similar a la de Urías, si no la misma, pero con sus propias palabras: "En este juicio han ocurrido muchas cosas; yo vi desde el principio que estaba siendo un juicio inquisitivo. El objeto de la acusación no estaba claro, por ejemplo, y eso no lo debería haber permitido nunca el tribunal. Esto me recuerda a un tribunal inquisitivo, un tribunal que va a buscar más la condena que a buscar la valoración de las pruebas. Para todos los juristas que he consultado, independientemente de su ideología, incluso conservadores, esta sentencia debería haber sido absolutoria".

Que los jueces tienen mucho poder no es ninguna sorpresa, un poder "terrible", dice Joaquín Urías. Pero, para este antiguo letrado del Constitucional, el problema es que "ni siquiera han guardado las formas". "Lo que nos protege del poder terrible que tienen los jueces son las formas, tanto por hacer público el fallo sin la sentencia como por no respetar la tendencia a la presunción de inocencia", insiste. Y concluye con mal augurio: "Se abre un futuro negro en el que los jueces ya ni guardan la apariencia".