Una condena que parecía escrita antes del juicio: la inhabilitación al fiscal general
A falta de conocer la sentencia, los magistrados conservadores de la causa contra Álvaro García Ortiz dan credibilidad a la acusación del novio de Isabel Díaz Ayuso y en contra de las declaraciones de los periodistas, quienes negaron que su fuente fuera el fiscal general del Estado, inhabilitado para ejercer el cargo durante dos años.
Hay pocas cosas que puedan generar más rechazo al público de las batallas de gallos de freestyle que el hecho de pensar que alguno de los raperos que compite lleva la rima escrita; lo divertido está en la improvisación, en el ingenio, también el riesgo, claro. Esta idea podría extrapolarse a la justicia. Hay pocas cosas que puedan generar más desconfianza en el sistema judicial que el imaginar que las condenas vienen pensadas antes siquiera de comenzar un pleito. Y esa es la sensación que aturulla el pensamiento al conocer la condena del Tribunal Supremo al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Siete jueces, cinco conservadores y dos progresistas. Cinco votos a favor de la condena, dos en contra. Cero sorpresas.
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, denunció a García Ortiz por revelación de secretos. Lo señaló como culpable de haber filtrado un correo de su abogado en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal cometidos por su cliente a cambio de lograr una condena menor. El correo se publicó en diferentes medios de comunicación después de que el diario El Mundo publicase un bulo fabricado por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, según el cual había sido la Fiscalía la que le ofrecía un pacto a González Amador, y no al contrario. A pesar de que los periodistas que publicaron ese correo electrónico declararon en el juicio que su fuente no había sido el fiscal general del Estado, el Supremo ha condenado a García Ortiz por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación para el cargo.
La condena, para desmán de la justicia, resulta tan previsible como las reacciones que después ha suscitado. A un lado de la mesa, en el de los partidos progresistas y/o de la izquierda política, pesadumbre; al otro, el conservador, pero también el de la extrema derecha, algarabía. Antes incluso de escuchar las diferentes declaraciones, no era difícil avanzar que: desde el Gobierno se trasladaría respeto al fallo, pero sin llegar a compartirlo; desde los partidos que forman parte o apoyan al Ejecutivo desde fuera, condena de la propia condena; desde la derecha y la extrema derecha, entender la condena como la condena misma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Menos predecible ha sido, sin embargo, la velocidad que se ha dado el Tribunal Supremo para dar a conocer el fallo. El Poder Judicial ha hecho pública la condena sin siquiera estar redactada la sentencia, algo poco habitual, pero tampoco es frecuente la apertura de un juicio al fiscal general del Estado. De hecho, este es el primero de la historia. No obstante, la ausencia de una resolución escrita imposibilita conocer con exactitud en qué se han basado los cinco jueces del Supremo para optar por la condena en una causa en la que se carecía de pruebas para señalar a García Ortiz.
Y luego están los periodistas que publicaron el correo electrónico que ha puesto fin a la carrera de García Ortiz como fiscal. Aunque se acogieron al secreto profesional y no revelaron su fuente, varios de ellos aseguraron conocer el pacto ofrecido a la Fiscalía por el abogado de González Amador antes incluso de que el fiscal pudiera ver el correo. Uno de ellos es el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, el primero en publicar la información casi entrada la medianoche del 13 de marzo. Campos explicó al juez que tuvo acceso al correo varias horas antes que el propio García Ortiz. El periodista, según contó en el Supremo, quedó con una fuente que le enseñó la documentación en un ordenador. Solo le dejó tomar notas. Al principio, esta fuente le había autorizado a publicarla, pero luego se retractó. Hasta que llegó la información de El Mundo, basada en el bulo fabricado por Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Campos trató de hablar con el fiscal general del Estado para corroborar la información, pero no lo logró. Según el registro telefónico, la llamada de Campos a García Ortiz duró cuatro segundos. Saltó el buzón. "Tendría que ser un portento García Ortiz para contarme el correo en ese tiempo", apuntó en su declaración el periodista. Y como él, otros tantos periodistas que publicaron también el correo. José Precedo, periodista de eldiario.es, dijo que había recibido el correo incluso una semana antes que el fiscal general.
Durante todo el proceso, el abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, puso en entredicho las declaraciones de los periodistas. Llegó a decir que no habría que tomarse sus palabras como las que pudieran emitir "testigos normales" para dejar caer que podrían estar en "connivencia" con el fiscal general. Este jueves, tras conocer la sentencia, el periodista José Precedo ha señalado que lo que sabe se lo llevará "a la tumba. No, el fiscal general no me filtró nada. Ni esos días ni en 22 años". "Varios de los que hemos pasado (obligatoriamente) por ese Tribunal hoy creemos un poco menos en la Justicia y en el Supremo. Diría que no somos los únicos", ha valorado también.
Hoy, 20 de noviembre, y a pesar del desbarajuste, sí que hay algunas certezas, que son: Alberto González Amador, a través de su abogado, propuso un pacto a la Fiscalía en el que reconocía haber cometido dos delitos de fraude fiscal (por valor de más de 350.000 euros) con el fin de "alcanzar una conformidad penal"; el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se inventó una noticia para señalar al fiscal general, diciendo que fue Fiscalía quien ofreció ese acuerdo; el fiscal general del Estado ha sido condenado para ejercer el cargo durante lo que queda de legislatura.
