El Gobierno fijará el IVA de la luz en el 10% y se mantendrán las ayudas al transporte público 

El Gobierno aprobará este miércoles en el Consejo de Ministros la prórroga de algunas de las medidas ya implantadas para amortiguar las consecuencias de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. A lo largo de esta última semana, los partidos de la coalición, PSOE y Sumar, han negociado cuáles de los elementos que formaban el "escudo social" vigente hasta ahora se mantendrán en 2024 y cuáles quedarán descartadas. 

De momento, el Ejecutivo ya adelantó que la rebaja del IVA de los alimentos se mantendrá hasta, mínimo, el 30 de junio. De esta manera, alimentos como el pan, los huevos, la fruta y las verduras seguirán con un tipo del 0%, mientras que el aceite y las pastas alimenticias continuarán con un tipo rebajado hasta el 5%. Seguirán excluidos de esta rebaja alimentos como la carne o el pescado, pese a la insistencia de algunas organizaciones como la OCU.

EH Bildu también anunció ayer que el Gobierno ha pactado con ellos la prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, así como la prohibición de los cortes de suministros básicos de luz, agua y gas, y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

Desde Sumar también dan por hecha la prórroga de otras medidas como la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la prohibición de despedir a causa de la crisis energética para las empresas que han recibido ayudas directas.

Del mismo, en materia de hipotecas, se subirá el umbral para que unas 100.000 familias con rentas de hasta 37.800 euros anuales puedan optar a las medidas de alivio hipotecario y se mantendrá la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo. La novedad es que, ahora también, se incluirán además las conversiones de tipo variable a tipo mixto. Además, en vivienda, Sánchez anunció una subida del bono de 250 euros para ayudar a los jóvenes a conseguir un alquiler. 

En materia energética, según avanza este miércoles El País, el IVA de la electricidad quedará fijado en el 10% frente al 5% actual y el 21% que tenía antes de que se disparasen los precios de la energía. No se conoce todavía si dicha subida vendrá acompañada también de un aumento del impuesto eléctrico (ahora en el 0,5%) y de la restitución del Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica. 

En cuanto al transporte público, además de la gratuidad del servicio para menores, jóvenes y parados, Sumar avanza que se mantendrán los descuentos globales de hasta un 50% acordados por Gobierno y CC.AA. De este modo, el Estado seguirá subvencionando un 30% del precio y al menos un 20% la entidad regional o local encargada. Además, se mantendrá la gratuidad de Renfe Media Distancia y Cercanías.

Lo que sí parece que se caerá del 'escudo social' son las ayudas sectoriales, como la bonificación al combustible de transportistas y agricultores, y la conocida 'excepción ibérica', que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural. Al no aplicarse desde febrero de este año, el fin de esta medida no supondría a corto plazo ningún cambio importante en la factura de la electricidad. Algo que, obviamente, podría cambiar si de nuevo el combustible vuelve a encarecerse, como ocurrió en 2022.

Por último, existe una fuerte discrepancia en el seno del Gobierno sobre qué hacer con los gravámenes temporales a bancos y energéticas. El ala socialista está abierto a rebajarlos para dar apoyo a todas esas entidades, mientras que Sumar exige que se mantengan como marca el acuerdo de Gobierno suscrito entre ambos hace dos meses.

El impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen un mínimo de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España. Por su parte, el tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación los ingresos derivados de las actividades reguladas.

El de hoy será el octavo paquete de medidas impulsado por el ejecutivo de Sánchez en menos de dos años. Hasta el momento se han movilizado recursos por valor de 47.000 millones de euros. El nuevo paquete se aprobará previsiblemente para los próximos seis meses, por lo que la mayoría de medidas acordadas estarán vigentes hasta el 30 de junio.