El Gobierno peleará en la ONU y en Europa la ofensiva contra la memoria de PP y Vox

Los Gobiernos regionales de PP y Vox han apostado por la desmemoria o, peor, por el borrado de la historia, y el Gobierno va a pelearlo. A los anunciados recursos al Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón y las nuevas normas de concordia presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, se suma ahora una batalla en Naciones Unidas y en Europa. 

Según han informado esta mañana fuentes del Ejecutivo central a El HuffPost, "el Gobierno elevará esta cuestión por su gravedad a las principales instancias Europeas e Internacionales", como el al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. 

La Moncloa informa de que, en el caso de la oficina de las Naciones Unidas, se le pedirá que evalúe "la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos". 

En el plano europeo, por su parte, "se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo para su debate y votación por parte del Grupo S&D", el de socialistas y demócratas. 

Además, se acudirá al Consejo de Europa "invocando la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos", con tres actuaciones específicas: "un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autonomas gobernadas por PP y Vox", "informar a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la gravedad de la situación", y "solicitar la elaboración de un Informe sobre la situación de la memoria democrática en nuestro país ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox", añaden las mismas fuentes. 

Las normas o derogaciones impulsadas por la derecha clásica y sus aliados ultras promueve una visión negacionista que estaba soterrada ya, al menos legalmente, desde que se probó la primera Ley de Memoria Histórica, en 2007, por José Luis Rodríguez Zapatero. En este acelere por la desmemoria, por ejemplo, se evita calificar de dictadura al régimen franquista y se justifican con frases como que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo". 

La ley castellanoleonesa, casi pareja a la valenciana, equipara a las víctimas de la Segunda República a las del franquismo, entre otras cosas, ampliando su aplicación temporal en 1931 y eliminando toda condena de la dictadura y la represión de Francisco Franco, que sí salía a la anterior normativa todavía en vigor, impulsada por el PP el 2018.

Los pasos dados en las autonomías donde hay pacto PP-Vox han puesto en apuros a la dirección nacional del partido, donde se han hecho malabares para no criticar sus normas. "Desconozco el contenido de la ley porque todavía no se ha aprobado definitivamente", esquivó días atrás el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aunque añadió que "todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres,, dijo el lunes que están estudiando los articulados para enviarlos al TC y garantizar que no se va directamente en contra de los valores de la Carta Magna. "Este es un ministerio de acuerdos, pero también es cierto que hay mecanismos que están ya arbitrados y que, si no llegamos a un entendimiento, acudiremos al Tribunal Constitucional para garantizar el cumplimiento de la Ley", dijo. "La Ley de Memoria Democrática es para reparar el daño a todas las víctimas, pero las del bando ganador de la Guerra Civil fueron exhumadas durante el franquismo. No pasó lo mismo con quienes lucharon para defender el orden constitucional y democrático, y esta Ley está para ampararles", agregó.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), por su parte, ha puesto el grito en el cielo ante lo que considera "un gran acto de negacionismo y desprecio a las víctimas del franquismo". En un comunicado, la entidad presidida por Emilio Silva denuncia "el uso fraudulento" de la palabra concordia y la puesta en marcha de una "gran operación de blanqueo del fascismo". 

La entidad registró la semana pasada un escrito de respuesta a la iniciativa de PP y Vox dirigido a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. "Se quiere ejercer censura sobre las exhumaciones y las reparaciones a las víctimas para ocultar la identidad y los hechos de los verdugos; un texto que pudo firmar el dictador Francisco Franco", dice el escrito, debido a que la proposición de ley prohíbe " la difusión pública de imágenes, documentos o cualquier otro material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas en el proceso de recuperación”.