No sólo los Presupuestos: todas las leyes que serían papel mojado si Junts retira su apoyo al Gobierno

Junts aprieta... y ahoga. La formación liderada por Carles Puigdemont ha elevado aún más la presión contra el Gobierno registrando enmiendas a la totalidad a las 25 leyes presentadas ya en el Congreso por el Gobierno y no votará a favor de 21 que están acabando su tramitación. Además, ha anunciado que vetará las nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado la diputada nacional Miriam Nogueras en una comparecencia este jueves en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts. "No podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'. El Gobierno del Estado español ha perdido su capacidad legislativa", ha aseverado.

El anuncio de Junts tiene lugar una semana después de que la ejecutiva del partido, con Carles Puigdemont al frente, acordara "por unanimidad" romper con el PSOE al "constatar" que no se habían cumplido los acuerdos alcanzados durante la legislatura, como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

La militancia de Junts respaldó la decisión de la cúpula. Un 86,98% apoyó abandonar al Gobierno y pasar a formar parte de la oposición. Sólo un 10,22% se posicionó en contra.

El Ejecutivo, por el momento, mantiene su mano tendida y reitera que siempre cumple con sus compromisos. En este sentido, subraya que las iniciativas incluidas en el acuerdo de investidura con Junts que dependían en exclusiva del Gobierno, o se ha cumplido o están en vías de hacerlo. Y sobre los compromisos que no dependen sólo del Ejecutivo, han reiterado que trabajan para que se cumplan lo antes posible.

"Negociaremos ley a ley", ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al conocer la noticia. "La legislatura no se ha acabado, ni mucho menos", ha dicho por parte su compañero de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. 

Pero, en el caso de que Junts cumpla con su órdago y retire su apoyo al Gobierno, ¿qué normas correr peligro de no ser aprobadas por el Congreso? La buena noticia para el Ejecutivo es que los de Puigdemont salvan de la quema algunas de las normas ya negociadas y que, en muchos casos, benefician directamente a Cataluña. En concreto, la ley de movilidad sostenible (que incluye 16 enmiendas de Junts) y la ley del cine (que establece una cuota del 6% para el contenido en lenguas cooficiales del total ofertado por las plataformas audiovisuales). También la de atención a la clientela, que obligará a prestar ese servicio lenguas cooficiales en las comunidades donde existan, la Ley de Impulso a la Economía Social y el decreto por el que se dota de financiación a la Ley para la atención a los pacientes de ELA.

Todas las demás podrían finalmente ser tumbadas. Entre ellas, algunas tan importantes para le Ejecutivo como la ley de Información Clasificada, con la que el Gobierno quiere sustituir la franquista Ley de Secretos Oficiales (apalabrada con el PNV), la denominada 'Ley Bolaños' que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal; o la reforma de la Ley Electoral para hacer obligatorios los debates electorales y la publicación de los microdatos de los sondeos. Además, también peligra la que regula el embargo de armas a Israel o la ley de familias, que ampliaría la baja por nacimiento de a 20 semanas o retribuiría el permiso de ocho semanas por cuidado de hijos.

Igualmente, tampoco lograrían los apoyos necesarios para normas que acaban de ser aprobadas por el Gobierno y que ni siquiera han llegado todavía al Congreso, como la ley de enjuiciamiento criminal que presentó el ministro Bolaños la semana pasada en el Consejo de Ministros o el estatuto del becario, que ofiacializó Yolanda Díaz este mismo martes. Por no hablar de los Presupuestos, que ni siquiera todavía se han presentado y que el Gobierno ya da prácticamente por perdidos. 

Entre las ya sí registradas en el Congreso, peligran la de universalidad del sistema nacional de salud, la que pretende consolidar la equidad y la cohesión del sistema sanitario, la del restablecimiento de la Comisión Nacional de Energía, la de información empresarial sobre sostenibilidad o la de industria y autonomía estratégica. 

A estas hay que añadir la de defensa de los consumidores, la de administradores y compradores de crédito, la de prevención de consumo de bebidas alcohólicas en menores, la de información clasificada, la de servicios digitales y regulación de los medios de comunicación y la del régimen sancionador de la pesca marítima, así como dos normas para lograr la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

A ellas se unen la de responsabilidad patrimonial, la de prevención de la reduflación, la de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, la de modificación del sistema universitario, la de protección para la libertad de expresión, la de jurisdicción universal, la regulación del voto telemático en ayuntamientos y la transposición de la directiva europea para hacer efectivas las decisiones de la UE en materia sancionadora y de defensa de su soberanía.