La Ley de Vivienda ha entrado en vigor este viernes una vez que el texto fuera publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma fue aprobada el pasado 17 de mayo de forma definitiva en el Senado con los votos a favor de los socialistas y los grupos independentistas y de izquierda en los que se apoya el Gobierno de coalición. Un mes antes, el texto había recibido luz verde del Congreso de los Diputados.

Una de las principales novedades que presenta el texto es que las agencias inmobiliarias ya no podrán cobrar honorarios a los interesados en alquilar una de sus viviendas en cartera. Concretamente, la nueva redacción del apartado 1 del artículo 20 señala lo siguiente: "Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador". De esta manera, cualquier comisión que pida la agencia inmobiliaria o cualquier otro intermediario por el alquiler del inmueble deberá ser asumido por el dueño del mismo y no por el inquilino que va a habitar en la vivienda.

Una novedad muy importante que facilitará el acceso al alquiler ya que muchas personas se encontraban hasta ahora con el muro de hacer frente al pago corriente del primer mes de alquiler, uno o dos meses más en concepto de fianza y otro mes como honorarios para la agencia.  

Eso sí, esta norma no se extiende a las comisiones derivadas de la compraventa de viviendas ni marca límites a la hora de fijar el número de mensualidades que determinan la fianza que ha de abonarse en cada contrato de alquiler. 

Límites en la subida de los alquileres

El nuevo texto introduce también limitaciones para las subidas de los alquileres. Para este año se mantendrá el tope del 2 % en la subida de las rentas, porcentaje que aumentará al 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 y que para 2025 irá referenciado a un nuevo índice, inferior a la evolución del IPC, que será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estará listo para el 1 de enero de dicho año.

Por otro lado, el texto incorpora cambios en la definición de "gran tenedor", que en las zonas tensionadas serán aquellos con cinco o más inmuebles y que deberán fijar la renta en función del sistema de índices de precios de referencia. La norma también prevé recargos de entre el 50 y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años, con el fin de impulsar el alquiler.

Además, posibilita una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, impide los desahucios sin anunciar fecha y hora, e incluye nuevas prórrogas que permite aplazarlos, entre otras medidas.

Críticas del sector inmobiliario

Los portales inmobiliarios Pisos.com, Idealista y Fotocasa han cuestionado la Ley de Vivienda por contener "políticas coercitivas" frente a los propietarios de vivienda, obviando que el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta".

Por su parte, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria de España (Coapi) ha calificado a la nueva Ley de Vivienda como un "collage de torpezas cortoplacistas". El presidente del Consejo General y del Coapi de Barcelona, Gerard Duelo Ferrer, calificó la norma de "enlosada y confusa" en su redacción, así como "invasiva, intrusa y desequilibrante".