Peinado descartó en mayo que Begoña Gómez pudieran cometer el delito de malversación que ahora le imputa
"No se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna", señaló entonces el juez en un auto. Ahora, cambia de opinión porque los procesos judiciales tienen una “cristalización progresiva”, pero no se ha aportado nuevas pruebas.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha dejado a un paso del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación de caudales públicos. Además, ha propuesto que sea juzgada por un jurado popular al enfrentarse a "delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos".
En un auto, fechado el martes, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora, Cristina Álvarez, y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
La investigación partió de una denuncia de Vox en la que los de Abascal señalaban que unos correos electrónicos demostrarían que las actividades de dicha asesora "estaban dirigidas al ámbito de la actividad profesional privada de Begoña", y no a labores de función pública como mujer del presidente del Gobierno.
Según estos emails, la trabajadora informaba a la empresa de seguros Reale el interés que tenía Begoña en que siguieran financiando la cátedra que impartía en la Universidad Complutense de Madrid, aunque finalmente esta colaboración no continuó. El correo fue enviado desde una cuenta personal, pero en la cadena de contactos sí aparece el oficial que tenía la asesora como trabajadora de Moncloa.
Al respecto, el pasado 10 de septiembre, la mujer de Sánchez aseguró ante el juez que la empleada sólo la ayudó de manera puntual para compaginar su vida personal y profesional. Además, admitió que en alguna ocasión Álvarez le hizo un favor "excepcional" al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según recoge el Código Penal, el delito de malversación puede acarrear hasta seis años de prisión.
Lo curioso del caso es que el propio juez Peinado no vio en un primer momento posibilidad de investigar a Begoña y a su asesora por dicho delito. “No se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento, en este caso Cristina Álvarez, por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación (...) Lo mismo ha de decirse de Begoña Gómez. Sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna”, señaló el magistrado en un auto fechado el pasado mes de mayo.
La Audiencia Provincial de Madrid fue, sin embargo, quien mantuvo esta línea de investigación al considerar que "podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados". Algo que ha hecho cambiar de criterio al juez Peinado, que ahora sí, pide que se juzgue a Begoña por presunta malversación.
En su última resolución de este martes, Peinado reconoce que en un primer momento consideró que “no procedía” investigar a Begoña Gómez y a su asistente por ese delito. Sobre su cambio de opinión en este sentido, el juez Peinado se limite a decir que los procesos judiciales están sometidos a un proceso de “cristalización progresiva”. Es decir, que van evolucionando según las investigaciones llevadas a cabo. Sin embargo, no se aporta ninguna otra prueba adicional con respecto a mayo que pudiera dar sentido a esta nueva postura.
En todo caso, Peinado deja la decisión sobre Begoña Gómez en manos de un jurado popular totalmente influenciado por la atmósfera mediática. Y se añade este otro dato: en Madrid se celebraron 44 juicios con jurado popular en 2023. 43 de ellos terminaron con sentencia condenatoria.