¿Qué es la ley de Secretos Oficiales y por qué sigue en vigor una norma franquista?
El Gobierno incluye la reforma de la ley de Secretos Oficiales en su Plan de Acción por la Democracia. En marzo, el Congreso ya votó a favor de la toma en consideración de una reforma propuesta por el PNV.
La definición no deja de ser ambigua, pero, atendiendo a la ley, secretos oficiales serían todas aquellas cuestiones que, si llegaran a ser conocidas por personas no autorizadas, podrían dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Claro que la realidad es que secretos oficiales son todas aquellas cosas que los Gobiernos no quieren que se sepan, aunque estas sean de interés público y no pongan en riesgo alguno la seguridad del Estado. Y es así desde su aprobación en 1968, en plena dictadura franquista. Ahora, el Gobierno dice que por fin abordará su reforma.
El anuncio que esta mañana ha realizado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no es nuevo. Desde 1968, la norma solo ha sido modificada en una ocasión, en 1977. Desde entonces, ha habido un sinfín de intentos infructuosos para reformarla por parte de diferentes Gobiernos. De hecho, el anuncio de esta mañana se produce meses después de que el Congreso ya votara a favor de la toma en consideración de una proposición de ley del PNV, una formación para quien la reforma de la ley de secretos es capital. En la formación vasca no comprenden, por ejemplo, en qué puede afectar a la seguridad del Estado la desclasificación de los expedientes de los casos Zabalza y Aldana. “¿No será que el Gobierno está amedrentado por un cuerpo policial?” preguntaba el diputado Aitor Esteban a Bolaños en marzo.
El gran dilema con la ley no radica tanto en la existencia de secretos oficiales, que los hay y sí pueden llegar a poner en riesgo al Estado o a personas en concreto, sino con la cantidad de años en los que un tema debe permanecer oculto. La norma actual no establece plazos para la desclasificación del material reservado. Es decir, con la ley franquista hay asuntos que pueden llegar a mantenerse silenciados de por vida.
La propuesta del PNV que se tomó en consideración sí propone delimitar los plazos de las materias archivadas: los secretos se desclasificarían como máximo en 25 años y el material clasificado como reservado, en diez años. Eso sí, en el caso de las materias secretas, el Consejo de Ministros podría proponer una prórroga “excepcional y motivada” por un período de diez años.
Para Bolaños, la reforma de la ley tampoco es novedosa. Él mismo lideró un intento del Gobierno por modificarla en la pasada legislatura, aunque no salió adelante, primero porque llegaron las elecciones y segundo porque no logró los apoyos suficientes. La propuesta del Gobierno, que recibió el nombre de Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, establecía que la información de alto secreto se desclasificaría en 50 años prorrogables a otros quince; los secretos, en 40 años prorrogables a otros diez; el material confidencial, entre siete y diez años no prorrogables; y la materia restringida, entre cuatro y diez años no prorrogables.
El Anteproyecto no recogía, sin embargo, la desclasificación automática de los secretos oficiales anteriores a la aprobación de la nueva ley, algo que no terminaba de convencer a formaciones como el PNV. Se desconoce, no obstante, si el Gobierno apostará por un proyecto como el que planteó la pasada legislatura o si se ajustará a la propuesta del PNV cuya toma en consideración ya votaron a favor en marzo.
Aunque no existe un listado de todos los asuntos que, desde 1968, han terminado en los archivos más profundos del Estado, la reforma de la norma podría proyectar luz sobre muchas de las sombras que ocultan el desarrollo de acontecimientos sustanciales para el país, como la salida de España del Sahara, el golpe de Estado del 23F o los GAL.
Pero no solo eso. En los últimos años han sido muchas las ocasiones en los que el Gobierno se ha escudado en esta ley para no desvelar según qué informaciones. Por ejemplo, ha sido la excusa para esconder la exportación y venta de armas; los motivos por los que la Policía se infiltró en movimientos independentistas y anarquistas en Cataluña y Valencia; el expediente abierto al mando del Ejército que llevó a los miembros de su unidad al Valle de los Caídos; el coste de los viajes del presidente del Gobierno y quién le acompaña en sus desplazamientos en los aviones Falcon; la acogida en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali; o el uso del programa Pegasus por parte del CNI para espiar a políticos catalanes y que llegó incluso a comprometer los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles.
