Carpetazo en un pueblo de Jaén a las licencias para talar olivos y construir placas solares
Una movilización contra la pérdida de olivar tradicional.
A principios de mayo de 2025 corría por internet la noticia de que en Jaén se iban a arrancar unos 100.000 olivos para poner placas solares. Ahora, el Ayuntamiento de Lopera, uno de los tres municipios amenazados por la eliminación de árboles, ha mostrado su compromiso para no otorgar licencias de obra con este cometido, poniendo así freno a los megaproyectos fotovoltaicos que planeaban ocupar parte de su suelo agrícola.
La alcaldesa, Carmen Torres (PSOE), comunicó la decisión tras un encuentro con colectivos rurales que han movilizado a la población contra la pérdida de olivar tradicional. La medida se adoptó después de que representantes de las plataformas SOS Rural y Campiña Norte entregaran en el Consistorio más de 31.000 firmas recogidas en los municipios de Lopera, Marmolejo y Arjona.
Con este gesto se reclama la suspensión de licencias relacionadas con varios proyectos fotovoltaicos que, según las organizaciones, habrían sido fragmentados para eludir controles estatales. “Mientras no se resuelvan los recursos de revisión que ponen en duda la legalidad de los proyectos fotovoltaicos, no se otorgará ninguna licencia de obra”, aclaró Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural en declaraciones recogidas por Cadena SER.
Una legalidad en duda
Los colectivos sostienen que la división de un único megaproyecto en varias autorizaciones por debajo de 50 megavatios busca evitar la supervisión del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico (MITECO). Desde SOS Rural denuncian que esta estrategia es un fraude a la ley, ya que la fragmentación impide realizar una evaluación ambiental integral y debilita los mecanismos de control sobre su impacto real.
La alcaldesa de Lopera se ha alineado públicamente con los recursos interpuestos por las plataformas y ha exigido información a la Junta de Andalucía sobre los proyectos. El debate tiene ya antecedentes judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya se pronunció el pasado julio sobre los vicios de nulidad radical de estos proyectos, confirmando los criterios fijados por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Con esta decisión Lopera se convierte, por ahora, en el único municipio que ha adoptado la postura más tajante frente a la tramitación de estos proyectos, rompiendo la dinámica en la que otros consistorios de la comarca han seguido con la concesión de licencias. Los colectivos han pedido que la suspensión se extienda y que las administraciones autonómica y estatal revisen los procedimientos para garantizar una transición energética que no sacrifique el patrimonio agrario.