Siete detenidos por vender 3.200 piezas arqueológicas procedentes de expolio
Los ingresos obtenidos por estas transacciones superaban el medio millón de euros en los últimos cinco años
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba, Jaén y Sevilla a siete personas acusadas de cometer varios delitos, como pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando y por vender objetos arqueológicos procedentes de expolio. Los arrestados habrían exportado gran parte de estas piezas, con un elevado valor histórico, sin las autorizaciones de exportación oportunas y blanqueando posteriormente los beneficios obtenidos por su venta.
Fuentes policiales aseguran que en marzo de 2023, varios agentes comprobaron que una empresa dedicada a la compraventa de numismática por Internet tenía tiendas online donde vendía gran cantidad de monedas de origen arqueológico. Además, se percataron de que muchas de las monedas conservaban aún restos de tierra adheridos, lo que indicaba una extracción relativamente reciente y, por tanto, el expolio de algún yacimiento arqueológico.
El Cuerpo localizó a los responsables de la empresa en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, y revelaron que muchas de las ventas se habían realizado a personas residentes en otros países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Grecia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Polonia y Japón, entre otros. Los ingresos obtenidos por estas transacciones superaban el medio millón de euros en cinco años. Los investigadores también confirmaron que los detenidos no habían solicitado ningún permiso para la exportación de las monedas, lo que constituía un delito de contrabando.
Modus Operandi
Los propietarios de la empresa investigada, que dirigían la actividad empresarial, se surtían de monedas y otros objetos arqueológicos de procedencia ilegal comprándolos directamente a expoliadores que los habían extraído con detectores de metales o en subastas en redes sociales y en plataformas de compraventa online.
Los agentes comprobaron que el titular se encargaba de mantener los contactos con los proveedores ilegales, seleccionar el material y decidir sobre el envío a los otros miembros del grupo, mientras que su mujer se ocupaba principalmente de la contabilidad y, en ocasiones, de llevar a cabo esos envíos.
Las otras dos parejas, residentes en Linares y Lucena, recibían los paquetes que les enviaba y ponían los objetos a la venta en diversos canales mediante subasta o de forma directa. También, por su parte, adquirían material arqueológico a expoliadores de la zona. También se pudo acreditar que uno de ellos disponía de un detector de metales que usaba para obtener material arqueológico en los yacimientos que él mismo expoliaba.
Tres registros domiciliarios simultáneos
Según explican los investigadores, se practicaron de manera simultánea tres registros en los domicilios de los investigados en Mairena del Aljarafe, Linares y Lucena, contando con la ayuda de tres arqueólogos proporcionados por la Junta de Andalucía. En ellos se intervinieron 3.200 objetos arqueológicos, en su mayoría monedas de diferentes épocas, fíbulas, lucernas, puntas de flecha, una jarra de vidrio de época romana sin limpiar, figuras de bronce, balas de honda romana, un fragmento de inscripción romana en bronce perteneciente a un documento jurídico de los siglos I-IV y 37.625 euros.
Asimismo, la Policía detectó que los compradores de piezas arqueológicas, a la hora de hacer los pagos, les indicaban que en el concepto pusieran palabras como “regalo”, con el fin de que no constara que se trataba de arqueología. Las piezas arqueológicas fueron depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio por parte de los técnicos y para la emisión del correspondiente informe técnico.
En el informe se refleja que se trata de bienes del patrimonio arqueológico, abarcando una cronología que va desde la Edad del Cobre hasta la Contemporánea, presentando la mayoría evidencias propias de una extracción reciente. Tal acumulación de piezas solo podía tener su origen en un expolio sistemático mediante la utilización de detectores de metales.
A través de las ventas realizadas de manera continuada, los detenidos han obtenido importantes beneficios económicos. Estos ingresos les permitían disfrutar de un nivel de vida por encima de las posibilidades derivadas de las actividades laborales que realizaban legalmente, ya que alguno de los miembros no tenían trabajo remunerado y otros trabajaban de manera intermitente, con contratos cortos y salarios muy contenidos.