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La OCDE alerta a España sobre su "incertidumbre política" pero revisa al alza su previsión

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JOS NGEL GURRIA
Efe
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La OCDE ha revisado al alza su previsión para la economía española este año, que deberá crecer un 2,8 %, una décima más de lo que había anticipado en noviembre y de lo que espera el Gobierno, pero recortó la de 2017 en dos décimas para dejarla en el 2,3 %.

Así mismo, los autores del informe advierten de que en caso de persistir, la incertidumbre política que se mantiene desde las elecciones de diciembre pesarán en los dos factores que componen la demanda, la inversión y el consumo. De este modo, incide en la idea planteada por otros organismos como el Banco de España.

Otro aspecto de preocupación es el de las cuentas públicas y, a ese respecto, hacen notar que para garantizar que la deuda pública sea sostenible habrá que mejorar la balanza estructural.

En su informe semestral de Perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es también más optimista que la Comisión Europea para 2016 (Bruselas augura un 2,6 %) y de nuevo algo menos para 2017 (el Ejecutivo comunitario calcula un 2,5 %)

La razón es que algunas "fuerzas positivas" como los precios baratos del petróleo y de las materias primas o la política fiscal, que favorecen el consumo en 2016, ya no tendrán ese mismo efecto en 2017.

REDUCCIÓN DEL PARO

Otro factor que tira del consumo -principal vector de la recuperación en España- es el crecimiento del empleo, que según la organización se traducirá en una reducción de la tasa de paro del 22,1 % de media en 2015 al 19,8 % este ejercicio (una décima menos de lo que calcula el Ejecutivo) y al 18,4 % el próximo (el Gobierno anticipa un 17,9 %).

La progresión del empleo en España será en 2016 del 2,9 %, es decir la segunda más elevada de los 34 países de la OCDE, sólo por debajo de Turquía (3 %), pero el ritmo se ralentizará significativamente al 2,1 % en 2017.

En ese ejercicio, España continuará estando en el furgón de cola en términos de tasa de paro, ya que su 18,4 % sólo sería superado por el 23,2 % de Grecia, y seguiría muy lejos tanto del tercer país peor calificado, Portugal (11,5 %), como de la media de la zona euro (9,8 %) y más todavía de la OCDE (6,2 %).

BAJA PROGRESIÓN DE PRODUCTIVIDAD

Según sus cálculos, el déficit público que en 2015 se quedó en el 5,1 % del producto interior bruto (PIB), muy lejos por encima del objetivo, bajará al 3,7 % en 2016, como estima el Gobierno, pero la OCDE no coincide con el 2,5 % que se espera para 2017, sino que prevé un 2,7 %.

La consecuencia de todo eso es que la deuda volverá a incrementarse año hasta el 100,3 % del PIB este año y sólo caerá muy lentamente, hasta el 100,1 % en 2017, en parte por la inflación, que por tercer año consecutivo volverá a ser negativa este año (-0,5 % de media) antes de pasar a territorio positivo el próximo (1 %).

La OCDE constata que España tiene un problema de baja progresión de la productividad que dificulta generar un crecimiento sostenible e incluyente.

La prueba es que en 2016 la productividad laboral incluso retrocederá (-0,1 %), una situación que únicamente se dará en otros cuatro países de la organización: Grecia (-2,2 %), Estados Unidos (-0,3 %), Dinamarca (-0,2 %) y Austria (-0,1 %).

En 2017, habrá un aumento tímido del 0,2 % que dejará a España con el segundo peor resultado tras el de Grecia (-0,2 %).

REFORMAS ESTRUCTURALES

El conocido como el "Club de los países desarrollados" reconoce que las recientes reformas estructurales, del mercado de trabajo, del sector financiero o las dirigidas a contener la fragmentación del mercado de productos y de servicios "han ido en la dirección correcta".

Pero para que remonte la situación de la productividad y crear empleos bien pagados, hay que incrementar la competencia, las competencias de la población y la innovación.

Se trata a su juicio, entre otras cosas, de reducir las barreras de entrada a profesiones reglamentadas, mejorar las oportunidades de los parados y facilitar su retorno al mercado de trabajo.

Eso pasa por movilizar los recursos y la eficiencia de los servicios públicos del empleo, reforzar la activación en la búsqueda de trabajo con más fondos para la formación, pero también por abordar el problema del abandono escolar y dar una segunda oportunidad a los que no han completado la educación secundaria.

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